Darle oportunidad al futuro

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Luis Riveros (columnista)El país está emprendiendo una importante iniciativa para la recuperación de la inversión nacional. Sabemos que éste es un aspecto clave para la recuperación económica que se espera para el año 2021, y que ha sufrido algunos giros negativos por el retiro de inversionistas importantes y por la situación de espera en que se encuentran muchos proyectos privados. La incertidumbre económica, pero especialmente la de tipo político, generan graves problemas en una variable clave como es la inversión, que depende muy crucialmente de las expectativas al tratarse de decisiones con resultados a largo plazo. Muchos políticos ven esto sólo como una oportunidad de instalar discursos populistas contra el capital y la inversión externa, pero al final del día los que pagan las consecuencias son quienes permanecen sin empleo, mendigando por ayuda estatal, que ciertamente son instrumento de esos mismos políticos. Chile no ha tenido tasas de inversión similares a los de aquellos países asiáticos más exitosos, pero alcanzó holgadamente a casi un cuarto de su PIB. El derrumbe que ha ocurrido, mezcla de lo acontecido a fines de 2019 y la crisis del COVID19, ponen de relieve la prioridad de estimular con decisión los proyectos que han de levantar a la economía chilena, como se espera, durante el año 2021.

El MOP encabeza una iniciativa que envuelve alrededor de US$12.000 millones para emprender proyectos a desarrollarse en los próximos dos años. Solamente en obras públicas, especialmente vialidad y obras hidráulicas, se contemplan más de US$ 8.000 millones, a lo que se suman otros US$1.000 millones por parte del sector privado. La iniciativa también comprende proyectos bajo el ámbito de Transporte, Vivienda, Agricultura y Subdere. Los montos consultados constituyen un 30% de la inversión pública total, y equivalen a casi un 5% del PIB. El Ministro ha constituido un Consejo Asesor para este Proyecto de Recuperación, con profesionales y figuras de los más diversos ámbitos, para proveer orientaciones y consejos atendido el carácter nacional de esta iniciativa.

Una de los grandes obstáculos para el éxito de esta iniciativa, es la abundante burocracia que existe para la tramitación de los proyectos de inversión. Chile es altamente complejo en materia de gestión y en cuanto a procesos regulatorios, figurando dentro de los países de la OCDE como el que mayor dificultad envuelve para la tramitación de proyectos. De hecho, de acuerdo a un estudio del BID, en nuestro país un proyecto en el área minera toma alrededor de 4 años y 3 meses en ser autorizado, mientras que en el caso de infraestructura vial lo mismo toma 2 años y ocho meses y en industria y energía más de tres años. Los permisos requeridos para un proyecto de inversión suman más de 400 en muchos casos, y ciertamente en muchos de ellos se envuelven repeticiones y contradicciones entre distintos aspectos, que hacen aún más ineficiente el sistema de autorizaciones en su conjunto. El promedio de permisos requeridos para proyectos de inversión alcanza el sorprendente número de 147. Por ello, las empresas que deciden emprender proyectos en Chile deben crear una oficina especial destinada a la tramitación de los permisos requeridos, así aumentando los costos de la inversión. Este es una enorme desventaja en un mundo en que se debe competir por atraer proyectos que brinden actividad y empleo a la economía. El Foro Económico Mundial sostiene que el segundo factor detrimental más importante para poder consolidar la futura inversión en Chile es la existencia de una burocracia gubernamental ineficiente, la cual se ha ido construyendo por años y la mayor parte de las veces como concesiones políticas brindada a grupos de interés. En efecto, son más de 50 servicios del Estado que envuelve un verdadero carrusel de autorizaciones, no coordinado y sujeto además a avatares como paros y huelga, abundantes en el sector público. No cabe ninguna acerca de la importancia de permisos especialmente en áreas delicadas como la ambiental, la patrimonial y la relativa al impacto en las comunidades. Pero es claro que el estado podría hacerlo un poco mejor, ya que podría reducir el insensato período de tiempo que debe esperar un proyecto para poder concretarse. Ponerse como objetivo el lograr acortar los tiempos y trámites al promedio de los países de la OCDE no parece disparatado y si, ciertamente, muy posible.

Una reforma a los procesos es muy importante de lograr, ya que la recuperación de la inversión requiere de una agilidad que el servicio público chileno ha ido perdiendo. Quizás la prioridad esté en simplificar procesos, acotándolos a los más imprescindibles, pero también en lograr adecuada coordinación entre los distintos servicios, despertando en sus funcionarios un sentido de país que debiera cobrar pleno valor. Con eso le estaríamos dando una mayor oportunidad al futuro que merecen las generaciones venideras.


Prof. Luis A. Riveros