Estado Soñoliento
Insólito. La inteligencia artificial avanza a una velocidad sideral, pero el estado chileno, con sus tres poderes, avanzan con una lentitud medioeval. Cada día surgen innumerables nuevas aplicaciones para el sistema digital. Nosotros los privados, reaccionamos al mismo ritmo los utilizamos y nos facilitan la vida, el trabajo y el bienestar.
Es por ello que no se entiende la disputa entre la corte de apelaciones de Santiago y una notaría por el uso avanzado de medios digitales para atender las necesidades de los clientes, tal como lo hace a diario el mundo privado. El ministro de justicia se disculpa soñolientamente con que los avances están trancados en el congreso. La Corte de Apelaciones de Santiago, echó pie atrás, reconociendo que su ignorancia en el tema iba en contra de la sociedad digitalizada.
Si todos esto hubiera ocurrido a comienzos del siglo XXI hubiera sido percibido como el estado desafiando a la tecnología, hasta cierto punto comprensible pero no aceptable. Pero transcurrido 20 años del nuevo siglo, es incomprensible un estado que duerme tranquilamente.
Recuerdo que hace 20 0 30 años había jueces que no podían entender que los documentos que deben examinar vinieran por correo electrónico o en “diskettes” y no les gustaba para nada trabajar con un computador en lugar deo escribir a mano, o a lo más, teclear en una antigua Underwood.
Pero, aunque tardíamente, no pudieron resistir a los avances de los sistemas digitales. Así en 2002, hace 18 años, se dictó la ley 19799 sobre documentos y firma electrónica que permitió un tímido avance en los sistemas registrales porque, como siempre sucede con la burocracia, se comenzaron a dictar normas, reglamentos y decretos para complicar su uso. Mientras tanto la informática nos proveyó de nuevos avances como el reconocimiento visual y facial y el blockchain está terminando con los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales en varios países como España, Japón, Suecia, Inglaterra, Polonia, Lituania y otros.
Como de costumbre, nuestro estado y en particular, el poder judicial siempre va a la rastra. Tuvo que venir la pandemia del coronavirus para que el estado funcionara virtualmente. Reuniones de gabinete virtuales, sesiones y votaciones virtuales en el congreso y también procesos judiciales con audiencias por medios de videoconferencias, zoom y otros, aceptando que los participantes son los que dicen que son, se identifican electrónicamente y usan la firma digital avanzada para respaldar sus escritos.
Así, no se entiende la prohibición de la corte de apelaciones de Santiago a que los notarios utilicen los mismos mecanismos que la sociedad ya está ocupando rutinariamente, incluyendo ahora con la pandemia, al poder ejecutivo y legislativo. ¿Por qué prohibir que las notarías utilicen estos medios? Es incomprensible la decisión de la corte de apelaciones. Ante tal inusitada medida provocó el espanto de medio mundo, se publicaron en la semana columnas de opinión y cartas de personas ilustradas sobre la materia, reclamando contra la medida de la corte, la que debió “revisar” su infeliz instrucción inicial.
Sin embargo, el ministro de justicia salió a la defensa de la corte, señalando que no se podía avanzar porque había un proyecto de ley en el congreso. Le echó la culpa al parlamento recordándole que en septiembre de 2018 el ejecutivo envió un proyecto de ley que faculta a los notarios para enviar electrónicamente documentos al conservador de bienes raíces y al registro civil, autorizar a notarios para usar correos electrónicos, firma electrónica avanzada y crea los federatarios (unos seminotarios). El proyecto durmió el sueño de los justos en la cámara de diputados. Casi un año más tarde, el 24 de junio de 2019, la comisión de constitución lo despachó pero transcurrieron seis meses para que el 7 de enero pasado lo aprobara y lo remitiera al senado, en segundo trámite. Este se tomó dos semanas para enviarlo desde la sala a su comisión de constitución, distantes a solo unos cuantos metros de distancia, donde yace actualmente. Aun no está en tabla como tampoco figura para la sesión del 14 del corriente. ¿Cuánto más habrá que esperar?
Todo esto a pesar de que permanentemente el ejecutivo le asignó suma urgencia. Imagínese si no lo hubiera hecho, aun estaría en la secretaría de la cámara de diputados. No existen sanciones, o una aprobación tácita cuando el parlamento hace caso omiso a las urgencias. Así, el ministro de justicia se saca los pillos echándole la culpa al congreso.
Este último, se queja de que el proyecto es complejo, largo difícil. Los notarios, a través de su sindicato, sostienen que es demasiado riesgoso confiar la fe a los sistemas digitales. Hoy, el caso del malware del BancoEstado se ha prestado para que más de alguno diga “ven… lo dijimos” y el ministro de justicia ha guardado silencio respecto que lo que se hará para evitar que el proyecto siga otros 720 días durmiendo en el congreso.
No existe ningún instrumento que libre de riesgos, porque el futuro es impredecible, de modo que los temores de los notarios, ministro y parlamento es simplemente una disculpa para evitar tener que competir con la inteligencia artificial, algo que como su nombre lo indica, está más allá de los organismos y funcionario del estado, ejecutivo, parlamento y la justicia.
En cambio, el sector privado, acostumbrado a asumir riesgo, ha aceptado e incorporado a sus sistemas de gestión, todo lo nuevo que hay en materia de aplicaciones de la inteligencia digital. Todos nos comunicamos por medio de las redes sociales, transferimos y hacemos pagos con medio digitales, contratamos digitalmente, nos divertimos con las aplicaciones en radio y tv, etc. No hay razón alguna para que los organismos del estado no se pongan a tono con el siglo XXI.
¡POR FAVOR, ESTADO DESPIERTA!
Javier Fuenzalida A.
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