Retomar la prudencia

El estallido de Octubre pasado sorprendió al país, aunque en gran medida era algo que se podía anticipar en diversos escenarios. En su origen se trató de un estallido social, que radicó en el descontento que distintos sectores de la ciudadanía manifestaron por diversas causas. Estaban, ciertamente, los que reclamaban por la baja cobertura en materia de salud y previsión, así como por la calidad de la educación pública a la que pueden acceder sus hijos. También una clase media emergente que se había forjado un escenario de éxito económico, consonante con el relato sobre la marcha económica del país, pero que contrastaba con una situación de endeudamiento y de múltiples aspiraciones insatisfechas. No estuvo ausente de esta protesta social su extensión hacia los temas políticos, particularmente un descontento por el desapego de la clase política de los problemas de una ciudadanía hastiada de promesas y discursos, pero falta de atención sobre sus realidades cotidianas. Estas fueron las bases del llamado estallido social, que dio sustento a protestas masivas en los primeros días de la seguidilla de manifestaciones. Pero luego vino un ingrediente nuevo: el alegato más amplio contra el sistema, con los privilegios asociados a una justicia diferenciada para distintos estratos sociales o económicos, con una corrupción que ha afectado a las instituciones otrora prestigiosas, y con una percibida inoperancia del gobierno y del Congreso. Al transcurrir de los días, sin embargo se adicionó un cierto estallido delictual que, al amparo de marchas y protestas de índole social, consistió en saqueos, destrucción y caos. Todo esto favoreció la mirada de quienes vieron todo esto como la oportunidad para un cierto golpe político, destinado a reemplazar rápidamente al gobierno en ejercicio. Los eventos condujeron a la destrucción de empresas y comercio, al ataque injustificado a una ciudadanía que empezaba a comprender que el descontento de origen tenía ya poco que ver con las manifestaciones que llevaron a la destrucción de miles de empleos y del capital social, además de un daño irreparable a muchas instituciones y ciudadanos comunes.

Un proceso complejo, que no puede entenderse como uno sólo y perfectamente identificable, fue el que ocurrió durante unas 6 u ocho semanas. Había descontento social, sin duda alguna, que era la base fundamental de un edificio de protesta que nunca tuvo un propósito específico y ni siquiera un liderazgo definido. Fue en este escenario de incertidumbre en que se suscribió un Acuerdo por la Paz, diseñado por actores políticos para abordar el amplio y diverso panorama de inquietudes y aspiraciones. Se decidió que el tema central iba a ser el cambio constitucional, una materia muchas veces antes mencionada, aunque nunca efectivamente abordada por los mismos políticos que firmaron el dicho Acuerdo. Se suponía que producto del mismo, y del diseño (también acordado por los partidos políticos) de un proceso constituyente, se encausarían las protestas y se daría lugar a un cambio constitucional. Siempre primó la imagen de que sería la ciudadanía, incorporada en instancias representativas (nunca se dijo bien cuáles podrían ser) la que abordaría la tarea y daría paso a un cambio constitucional que, sin embargo, nunca tampoco tuvo un eje de propuestas que identificaran el sentido de dichos cambios. Luego de una incipiente proceso durante el gobierno anterior, y de Cabildos ciudadanos que no condujeron a ningún puerto identificable, se abría un proceso de debate constitucional muy abierto y que un sector del país ha considerado indispensable.

Lo que ocurrió más tarde ha derivado en nuevas controversias. Los partidos políticos se han adueñado del proceso, de forma tal que incluso la elección de una Asamblea o Convención constituyente, tendrá que pasar por su filtro. No es que un independiente decida postular a esa instancia; eso necesitará canalizarse por la vía de los partidos. Es decir, será una nueva forma de ratificar el modelo que la ciudadanía ha rechazado sistemáticamente a través de su opinión sobre los partidos, las alianzas, los políticos y los propios Poderes del Estado. Se negociará así, por esos mismos actores, lo que efectivamente vaya a ser la carta de navegación para Chile en su futuro. Y con ello, se insinúa un camino a nuevas frustraciones y protestas, puesto que la ciudadanía espera que la nueva Carta Fundamental sea escrita por representantes fuera de ese mundo político que rechaza. Esta es una cuestión poco realista, pero seguramente dará lugar a controversia toda vez que se instalaría un cuerpo legislativo paralelo al actual Congreso, con similares prebendas y con un incierto marco de resultados. Y las esperanzas de mejores jubilaciones, mejor salud y educación pública, más autonomía regional, etc, se verán confundidas con los reales alcances de un proceso y de una instancia que ha sido, verdaderamente, un instrumento para los partidos políticos y diseñada para ratificar su rol primordial en el desempeño institucional. Más allá de declaraciones idealizadas sobre el proceso que viene y de las transversales declaraciones a favor o en contra por parte del estamento político, junto a las amenazas en ciernes que se han instalado como parte inherente de lo que vendrá, el país necesita dialogar y retomar un debate prudente sobre el camino emprendido.

Prof. Luis A. Riveros