A la ciudadanía le cuesta entender los hechos de violencia que afectan negativamente su vida, y cuya evolución depende de decisiones que debe adoptar la autoridad. La Araucanía es un permanente y creciente conflicto que afecta la convivencia nacional y el libre tránsito de las personas por esa región, sin mencionar siquiera la terrible calidad de vida de quienes la habitan y tratan de desarrollar su vida en forma normal. Diariamente se informa al país acerca de ataques incendiarios que afectan a maquinaria, instalaciones productivas y hasta viviendas particulares. Una verdadera zona de guerra que está en el marco de la declaración que en tal sentido han emitido quienes encabezan estas acciones en pro de una supuesta reivindicación en favor de los derechos de pueblos originarios. Lo más desconcertante es que muchos representantes de estos pueblos originarios, que viven y se desempeñan económicamente en esta zona, son también víctimas de similares atropellos contra sus derechos, su propiedad y aún su vida. Entonces, la ciudadanía se pregunta acerca del contexto de esas discordancias o eventuales negativas a considerar reivindicaciones de esos pueblos originarios, cuestión que parece recluida en recónditos ámbitos políticos. Por cierto, y por lo que se sabe, no se trata de un problema reciente, sino de algo que se remonta a muchos años atrás, muy anterior a las actuales generaciones. La pregunta es porqué no se habría abordado tal problema a lo largo de los años, y cómo es que se llegó a la situación vigente, cuando se permiten estas manifestaciones violentas que han llegado, incluso, a declarar la guerra al propio Estado chileno. Y otra pregunta es porqué una reivindicación histórica por derecho a tierras que eventualmente fueron confiscadas a los mapuches y traspasadas a otros propietarios hace más de un siglo, es ahora defendida por actores extranjeros, con armamento importado y hasta con la colaboración de gobiernos de otros países, como consta en testimonios gráficos. O sea, se trata de un reivindicación de un pueblo originario por un problema generado hace ya un siglo y medio, y que es ahora reivindicado con la fuerza y asistido por una especie de ejército multinacional. Es evidente que el Estado chileno ha tenido una falla fundamental al no corregir nada del problema de fondo y no advertir que está cultivándose una insurrección con amplio financiamiento, basada en tales reclamos territoriales. O sea, el Estado chileno habría sido a lo largo del tiempo, no sólo injusto sino también muy ineficiente, al haber minimizado el problema y haber permitido su extraordinario desarrollo. Y el ciudadano chileno se pregunta el porqué esto es así.
Pero hay otra dimensión del mismo problema. El Estado chileno se ha mantenido como casi un observador del problema, con intervenciones poco efectivas en la zona de la Araucanía. Ha permitido que el postergado pueblo mapuche se mantenga en esa calidad a pesar de los paquetes de ayuda, de los múltiples subsidios, del apoyo significativo a su inserción en la sociedad chilena, lo cual ha tenido lugar a lo largo de varios años. Pero las comunidades no pueden ser parte del Estado chileno sólo para recibir los beneficios, y luego declararse enemigos para ejercer sus reivindicaciones. La sensación de la ciudadanía es que se ha dejado hacer desde ya hace muchos años, y que la declaración de guerra por parte de algunos movimientos y comunidades mapuches no ha tenido una respuesta consonante en cuanto al orden público del que es responsable el Estado, especialmente el Gobierno y el Congreso Nacional. Al contrario, este problema ha pasado a ser parte de la actual contienda entre estos poderes del Estado, sin que se pueda percibir una decisión sobre cómo acometer la restauración del estado de derecho. Y cómo ello ha significado la destrucción de vehículos de transporte y maquinaria, que es parte de la guerra declarada y en pleno desarrollo, los dueños de tales elementos de trabajo han decidido protestar para pedir que se proteja su fuente laboral ahora amenazada por tales manifestaciones violentas que ya han cobrado vidas y resultado en personas heridas y en múltiples pérdidas de las que nadie se hace responsable. Y entonces sucede que el Estado no atiende efectivamente este reclamo: el Congreso no dialoga con quienes solicitan se apresure el trámite de algunas leyes que aseguren el derecho a trabajar con cierta seguridad, y el Gobierno no actúa sino amenazando a quienes protestan por la causa mencionada, casi dejando de lado el origen del problema. De nuevo, el ciudadano medio no entiende lo que está en juego, la forma en que aprecian este problema los actores políticos, que parecen más bien tratar de explotar el conflicto en función de objetivos electorales y no los nacionales que corresponden. Sin lugar a dudas, la protesta de los camioneros es, precisamente, contra una clase política que no ha sido capaz de enfrentar el problema de la Araucanía a lo largo de tantos años, y que no es capaz de impulsar medidas para restaurar el orden y la paz en esa zona tan querida de nuestro Chile.
Prof. Luis A. Riveros
