Fue una solución, pero no una buena

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German Pinto



Luego que se conociera el texto que fue promulgado por el Ejecutivo del proyecto de reforma constitucional que permite “en forma voluntaria y por única vez” el retiro del 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual, puedo seguir asombrándome sobre los defectos de esta iniciativa, pese a que, a los legos en la materia, público en genera y parlamentarios con superioridad intelectual por sobre la de los economistas, les parezca una buena solución.

La gran debilidad de esta atractiva medida para apoyar a la población más necesitada de nuestro país, es el desfinanciamiento del detrimento que generará en el pozo sobre el cual se calculará la pensión cuando los trabajadores jubilen.

En un inicio, la izquierda presentó la moción del proyecto para que el máximo de personas pudiera retirar este mágico 10%, sin importar si las pensiones futuras se verían afectada. Total, como apareció en un “meme” en las redes sociales, la pírrica pensión promedio que recibirá la mayoría de los jubilados dista poco de la pensión disminuida por el retiro que ahora se está patrocinando.

Pese a lo cierto de lo anterior, el tema del financiamiento es algo que sí debe preocupar, para no generar, precisamente, aún más bajas pensiones.

Lo anterior es tan palmario que los economistas de izquierda que defendían el proyecto criticaban al Gobierno por desconocer y desvalorar el hecho que el proyecto, en una de sus instancias de discusión en el Congreso, tenía una fórmula de financiamiento en donde “empleadores y el propio Gobierno (en realidad el Estado de Chile) van a constituir un fondo a partir del cual se restituirán los capitales extraídos”. Pues bien, esto no prosperó y el texto que salió de la Cámara de Diputados hacia el Ejecutivo para ser promulgado no señala este financiamiento.

Es cierto que en algún momento se habló de un “bono de reconocimiento” que devengarían un interés del 4% anual y que sería depositado al momento de jubilar en la cuenta de capitalización de cada trabajador que impetró el retiro del 10%. Pese a lo interesante de este instrumento de deuda, no quedó plasmado en el texto definitivo del proyecto de ley.

Lo que salió al final es una mala solución porque es un “autopréstamo” como señaló acertadamente el señor Vittorio Corbo, que será sumamente caro porque será el trabajador quien asumirá el costo de este préstamo al ver mermada su pensión.

Además de lo anterior, es regresivo porque beneficia más a quienes tienen más fondos de capitalización individual. Ahora bien, eso último podría tener sentido si se hubiera restringido el retiro solo a quienes hubieran sufrido una merma en sus ingresos, situación que no se estableció y se permite que toda persona, voluntariamente, realice al extracción de sus fondos, aún si no fueran necesarios estos recursos pudiendo, incluso, depositarlos en una cuenta de ahorro previsional voluntario (APV) que le permite la opción potencial de destinarlos a incrementar su fondo de capitalización individual al momento de jubilar, neutralizando el detrimento de su pensión por el retiro ya mencionado.

¿Qué atractivo tiene para esas personas que no necesitan este autopréstamo y depositarlos en un APV? aprovechar el beneficio tributario que tiene, generando la posibilidad de reliquidar el Impuesto Único al Trabajo que redundará en una devolución de impuesto, no de la misma cuantía de los fondos sacados de la AFP, sino mucho menor, pero no siendo despreciable de contar con recursos líquidos sin ningún detrimento, ni previsional ni tributario.

Esto ilustra lo regresiva que es la medida, hecho que solo el conocimiento técnico permite apreciar, pues ya hay varios profesionales del área tributaria que han llamado la atención sobre esta particularidad que surge como una externalidad negativa de la reforma constitucional que hemos visto nacer en tan corto plazo (y después dicen que la Constitución es pétrea)

Tal como señala don Vittorio, la solución a los problemas financiero de la clase baja y media del país pueden ser solucionados con “subsidio directo del Estado, créditos subsidiados y pagos contingentes al ingreso”, pero existe un divorcio entre lo técnico y lo político como señala el ex ministro de hacienda don Rodrigo Valdés.

Al parecer, brillaron más las carreras por el hemiciclo de la Cámara de Diputados o las banderas y aplausos de la población. Si bien los políticos viven de los votos, los ciudadanos vivimos de las buenas decisiones y creo que, en este caso, no sucedió.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Universidad de Santiago