Crónica de un desastre anunciado

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Alain Marchant (Columnista OK)Vivimos tiempos extraños y difíciles en nuestro país. Desde el 18 de octubre y la pandemia que hemos estado girando en un entorno de incertidumbre, desempleo, deterioro económico, inestabilidad social y un desprecio a la institucionalidad y delincuencia en aumento y sin control. Nadie respeta nada, ni la cuarentena, ni el toque de queda, ni a la policía ni a las instituciones. Ahora cada uno tiene su propia interpretación de lo que es justo y verdadero y lo defiende como si fuera un dogma enviado en tablas de piedra por el mismo Todopoderoso. La votación de la idea de legislar para sacar el 10% es más de lo mismo. Ahora, parece que cada ser dentro del Congreso se mueve con colores propios y probablemente, pensando en afianzar su “personal branding” para las próximas elecciones cual influencer en Youtube. Porque al fin y al cabo, la política en Chile se ha transformado en un espectáculo de adquirir más likes en las redes sociales, en vez de pensar en forma técnica y mesurada en el bien social y la mejor solución dentro de un horizonte de largo plazo. Observamos así un espectáculo de lo peor de nuestra idiosincrasia.

Primero partamos con una reflexión sobre la semántica de lo que es una pensión o jubilación. Cuando ahorramos lo hacemos, dado que, frente a ingresos limitados y necesidades futuras o demasiado caras para hacerlas en el presente, dejamos de consumir hoy para que ese ahorro nos permita un consumo en el futuro. Esto es economía básica, pero a los políticos, legisladores y poder judicial se les olvida esto. El ahorro generado se le llama pensión, pero ese es un nombre de fantasía. Lo que realmente es, es un ahorro y nada más, el cual está destinado para el futuro. Ahora bien, si tengo un problema de salud o un estado de calamidad o estoy en una crisis severa, la certeza de ese futuro se extingue. Entonces si ese ahorro estuviera en una cuenta personal de libre disposición, lo más probable es que cada uno sacaría una parte de este para enfrentar el problema presente asumiendo el costo de un futuro con menos ahorro. Esto funciona asi en un mundo ideal y sin restricciones, pero esto empieza a complicarse. Por un lado, la idea es jubilarse a los 65, lo que ya genera una restricción deseada o no por la persona y por otro al chileno no le gusta asumir costos, los evade. Pero, adicional a esto, está el sistema creado para administrar estos dineros y el ecosistema que hay entorno a el. El dinero ahorrado sirve para que las AFP entreguen estos dineros a terceros, comprándoles bonos, acciones, deuda, instrumentos financieros para que posteriormente den un retorno y ese ahorro aumente en el tiempo, mientras uno se dedica a seguir trabajando. El problema que ha surgido es que esta gran bolsa de dinero, es suculenta y ha servido a las grandes fortunas de este país para financiarse en forma mucho más barata que pedir a un banco y lo mismo para el estado. Cuando se crea la posibilidad de cambiarse de fondo y empresas que te indican cuando hacerlo, hace que el sistema empieza a desajustarse porque requieres liquidez en el mercado para generar las compras y ventas de instrumentos y en un mercado tan poco líquido como el nuestro, implica posibilidades de variaciones de precio muy altas. Lo mismo para el estado que requiere que parte de estos fondos se usen para comprarle su deuda. Por ende, cualquier cambio en un sistema que esta tan “amañado” para el beneficio de otros, puede resultar complejo. Digo beneficioso para otros, pues mientas se aprueba la idea de legislar la entrega del 10% de los ahorros (pensiones), nadie discute el costo de las comisiones cobradas que son excesivas en un mundo fintech actual donde las comisiones por transar instrumentos financieros ahora son casi cero en Estados Unidos y donde las tablas de edad para calcular las pensiones asumen 110 años de vida del chileno. Ese debiera ser el foco, pero no lo es.

Para que hablar de bajar costos en el aparato público. Una muestra de la renuencia a esto fue la ridícula disminución de la dieta parlamentaria de un 25% (en forma transitoria).

Por ende, la idea de entregar el 10% no es mala en si, pero si no se corrige la estructura del sistema de las AFP y de los costos del Estado en su conjunto, no es posible que funcione correctamente.

La realidad frente a malas decisiones y malas leyes, lo vamos a terminar pagando la clase media, tarde o temprano. El ministro Briones lo sabe. En el futuro, la gente que tome el 10% de sus ahorros no asumirá el costo de pensiones más bajas futuras y el gobierno de turno tendrá que sacar más fondos para asistencia, pues sociedad y mundo político lo demandarán a la larga. Así somos. Nos gusta la fiesta, pero no lavar los platos.

La billetera fiscal no da para más y enfrentamos un mercado laboral disminuido, con población trabajadora decreciente, lo que implica menores arcas para el estado. Súmese a esto políticos y gobiernos cada vez más populistas, que entregan subsidios por todo para aumentar sus likes en redes y encuestas y tenemos un escenario disruptivamente negativo, donde lo único posible a echar mano rápidamente, es el ajuste de los tramos de impuesto personal sacando más dinero a los contribuyentes. La gran carga se las llevarán las generaciones jóvenes que están partiendo en el mundo laboral. Eso si es una certeza, porque hemos dejado de crear crecimiento y nos hemos enfocado en repartir botines, llámense estos ahorros, pensiones o cargos en el estado. No se ve un buen pronóstico porque en un escenario de desobediencia civil y política y sin racionamiento lógico ni ganas de hacer bien el trabajo a consciencia y por un futuro de largo plazo, sólo nos queda la mediocridad y convertirnos en un país bananero y asistencialista, creando en el mejor de los casos startups de cuchiflíes y sopaipillas y no de inteligencia artificial.


Alain Marchant

europapress