Se arrienda pieza compartida

¿Cuánto cuesta “arrendar una cama” dentro de una habitación, compartida con tres o más personas en la RM? En barrios del centro de la ciudad, entre 120.000 y 150.000 pesos. En Cerro Navia, Recoleta o Quilicura, desde 100.000 pesos. En casas antiguas, que se han dividido hasta más no poder, “viven” familias enteras, inmigrantes mayoritariamente, hacinados en piezas ciegas, húmedas en invierno y en condiciones higiénicas deplorables, que son caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades.

Todas esas casas han sido metamorfoseadas hasta más no poder, devenidas en hoteles informales. Incumplen normativas de edificación, evaden impuestos, abusan de sus clientes y hoy las tenemos como uno de los principales focos de contagio de Covid-19 entre sus residentes.

Ya es conocido por toda autoridad la problemática del acceso a la vivienda en Chile, específicamente en la Región Metropolitana, que alcanza a más de 790.000 allegados, según datos de la encuesta Casen 2017. Probablemente, estos datos esconden cifras aún más lapidarias, si sumamos las personas que no cuentan con residencia definitiva. Para nadie es extraño el diagnóstico: faltan viviendas, bien ubicadas y accesibles económicamente. Esta es la razón de porqué han proliferado ultimamente los arriendos de piezas, e incluso camas en Santiago y en otras ciudades. Permiten obtener un lugar donde vivir, cercano a los centros urbanos.

Este enorme déficit hoy nos explota en la cara a través de la pandemia, mostrándonos el costo social del hacinamiento. El nuevo conventillo es la respuesta más oportunista ante un enorme mercado informal de arriendos compartidos.

La mayoría de las personas que habitan estas piezas irregulares, con deficientes conexiones eléctricas y pésimas condiciones sanitarias, no logran arrendar en el mercado formal y muchas veces no por falta de dinero, ya que los arriendos de este tipo no son económicos, sino porque no poseen una residencia definitiva o contrato formal de trabajo que les permita optar a una vivienda de mejores condiciones.

En una ciudad de autoridades desmembradas territorialmente (32 municipios), coexisten diferentes estrategias, presupuestos y capacidades de control (o descontrol), fiscalización y sanción. No podemos sino hacer responsables de esta abusiva proliferación a este descontrol municipal, salvo que irresponsablemente las autoridades han preferido hacer vista gorda a esta situación, que permite esconder el déficit de vivienda. Hasta ahora.

Es deber de cada municipio que las edificaciones bajo su ámbito territorial se encuentren ejecutadas conforme a sus permisos otorgados. Las construcciones excesivas e irregulares en cada propiedad, frecuentemente incumpliendo las normativas de edificación y uso de suelo tienen directa responsabilidad en muchas de las condiciones de hacinamiento que observamos. Las Direcciones de Obras no han sido capaces de detectar a tiempo las irregularidades de construcción y que hoy están sin control. Sin embargo, los municipios no son los únicos “cómplices pasivos” del hacinamiento.

Tras estas condiciones, existen negocios irregulares funcionando bajo la pasividad de los organismos que velan por los impuestos. Es una actividad que ha funcionado al margen de todo cumplimiento tributario que lo controle.

Solo las denuncias que son bien canalizadas por parte de los vecinos a veces llegan a puerto, sin embargo, esto no parece ser suficiente para amedrentar la continuidad del negocio. ¿Qué sucede con las personas que viven allí?, ¿dónde se van? Quizás la manga ancha frente a las fiscalizaciones de estas construcciones se deba a que no se cuenta con una solución por parte del municipio para estas personas, ya que a la larga resulta más humanitario dejar que vivan allí, a que lo hagan en la calle o que se vean forzados a una “toma” de terreno.

Pese a la fiscalización que pudiere ejercerse antes de habitarse los recintos o incluso después, permanece un vacío en la normativa que resulta muy difícil de controlar: ¿cómo controlar la cantidad de personas que viven en un recinto? Este es el centro de nuestro problema actual de hacinamiento; la imposibilidad de contar con herramientas de control de la densidad real de los recintos. Esto sólo queda sujeto al criterio del usuario o del administrador del lugar.

Parece ser entonces que la solución al problema no radica sólo en la fiscalización técnica por incumplimiento de las normas de edificación, dado que con la sola sanción y desalojo no solucionaremos el problema de hacinamiento de las personas. La solución se encuentra, a mediano y largo plazo, en realizar proyectos de vivienda que un amplio grupo vulnerable de nuestra población necesita, lo que requiere un esfuerzo conjunto del Estado y sus agentes ejecutores. Mientras, se hace necesario evitar el hacinamiento contando con municipios más activos en la fiscalización de edificaciones irregulares e ilícitas. Y la voluntad de los privados de ser parte de la solución y no del recrudecimiento del problema.

Rodrigo Aravena

Arquitecto

Director Comercial de AGS Visión Inmobiliaria