Informe INDH 2019
El reciente informe del INDH sobre los sucesos de octubre y noviembre del año pasado es raro. Si hubiéramos estado en otro hemisferio no entenderíamos por qué razón la fuerza pública actuó de manera como lo hizo (con violencia desmesurada según el instituto) con los concurrentes de una manifestación del 18 de octubre tan pacífica como una procesión a la virgen del Carmen.
111 páginas retóricas, con muchas inconsistencias estadísticas que no permiten formarse una idea cabal de qué fue lo que realmente ocurrió. Nadie ha podido determinar como una marcha de protestas no anunciada que comenzó en la mañana del 18 de octubre permitió una serie sincronizada de saqueos, incendios, robos, etc. Lo que indica que hubo una organización previa, atenta a cualquiera manifestación colectiva espontánea, sin cabeza ni liderazgo, lo que permitió a quienes organizaron y financiaran el vandalismo usando a terroristas, violentistas, narcos, anarquistas y anti sistémicos. No existe una precisión en cuanto a la asistencia, se habla desde 200.000, 500.000 1.000.000 de personas que nada pudieron hacer en contra de la violencia organizada y que actuó sorpresivamente.
De ahí que la lectura de las 111 páginas del informe del INDH es incomprensible para quien no haya estado al tanto de lo sucedido, porque se limita a un cuenteo de civiles atracados por los carabineros, sin examinar las razones para actuar frente a los pacíficos manifestantes.
Todos sabemos por lo que vimos por la televisión y leímos en la prensa. Los violentas tas atacaban organizadamente, lanzando bombas molotov, piedras removidas del pavimento de las calles, camiones que las acarreaban hasta el punto escogido, automóviles con ropa para que se cambiaran y no pudieran ser reconocidos por los carabineros.
Aun no se sabe quiénes la organizaron y financiaron, ni siquiera los de la primera línea que eran pagados saben de donde vinieron las instrucciones y el dinero. Lo que es obvio que no fue el azar ni reacción desorganizada que actuó como por inspiración para causar tanto daño.
El informe es cuestión ni siquiera ha sido capaz de teorizar y sugerir alguna hipótesis que explique lo sucedido. Es más, en las 111 páginas que contienen del orden 35.000 a 40.000 palabras entre sustantivos, adjetivos, pronombres, conjunciones y preposiciones, la frase “bombas molotov” y palabras “molotov” bencina, no aparece en ninguna parte. No existieron.
¿Curioso? No tanto, porque la interpretación ideológica que el INDH hace de los derechos humanos es sesgada. Opera sin funcionarios, sino que simplemente paga honorarios a un centenar de personas, quedando fuera del alcance del Consejo del Consejo para la Transparencia.
La convención de la ONU sobre los derechos humanos contiene 30 artículos y que son coincidentes con prácticamente los 26 numerales del Art. 19 de nuestra Constitución. Entre otros, el Art. 17 y los correspondientes numerales 23 y 24 del Art. 19 sobre el dominio y la propiedad. Quien viola el derecho de propiedad viola los derechos humanos de la víctima. Quien hiere a otra persona sin motivos, viola sus derechos humanos, y el victimario debe ser sancionado.
Nada de esto aparece en el informe del INDH excepto, copiar la información sobre los daños proporcionadas por el ejecutivo, pero sin tomar ninguna acción ante los tribunales de justicia. Solo a los carabineros. Este culposo silencio perjudicó principalmente a miles de empresarios pymes y de microempresas cuyas instalaciones fueron saqueadas, incendiadas y destruidas sin que tengan recursos para reiniciarse. Hoy del orden de 500.000 trabajadores cesantes son víctimas del silencio del INDH.
El informe repite lo que el gobierno y había informado a la opinión pública. Cerca de 2.434 carabineros heridos que debieron ser asistidos en su hospital institucional u otros centros. El INDH los ignoró. En la pág. 28 señala que visitaron 67 centros asistenciales y en una nota los identifica uno a uno. No aparece ninguno de carabineros o de las fuerzas armadas. Al parecer para el INDH los carabineros son robots, no son humanos, por lo tanto, no tienen derecho, pero cuando deben restablecer el orden público y hace uso de sus medios cuando son resistidos, sí que son humanos y victimarios de los atacantes.
El mismo informe (Pág. 97) indica cómo debe proceder la autoridad frente a desórdenes públicos.
Javier Fuenzalida
