Nuevo esquema tributario

Tenemos que realizar una profunda revisión de nuestras estructuras sociales, jurídicas y políticas para poder realizar cambios que respondan a las ingentes necesidades que se han manifestado en las últimas semanas, siendo el sistema tributario uno de los más sensibles.

Es sensible porque es la sangre que irriga el resto de los órganos de este cuerpo llamada Sociedad Chilena que está enferma y que requiere una medicina que mejore prontamente la escuálida entrega de beneficios gratis que reciben los ciudadanos desde el aparato estatal.

El diagnóstico es palmario: la población exige mayores beneficios del Estado, lo cual implica imperiosamente contar con recursos monetarios que, tradicionalmente, se obtienen de los tributos. Sin embargo, desde los años 70 ha imperado el criterio y casi el dogma que el Estado es ineficiente en la asignación de recursos y por eso permite que los particulares ofrezcan servicios públicos y satisfagan otras necesidades sociales. Esta acción suplemente y/o coadyuvante de la autoridad fiscal se incentiva a través de un sistema tributario que no inhiba la acción de los privados y que, a su vez, permita el financiamiento de servicios estatales mínimos. Es en virtud de este criterio que a partir del año 1984 se implementó en nuestro país un sistema tributario que incentive el ahorro y la inversión, reconociendo a los sectores intermedios como agentes del crecimiento y desarrollo del país.

Pese a lo anterior, la evidencia empírica nos señala que este esquema no ha logrado el objetivo máximo que es que todos logren el bien común y por ello ha estallado el descontento social en este octubre de 2019 y que pasará a la historia como el punto de inflexión entre seguir postergando o dar respuestas inmediatas a estas necesidades. Es por ello que tenemos que abrirnos a estudiar un cambio en nuestra forma de tributación, poniendo énfasis en lograr una más efectiva redistribución del ingreso, característica que nuestro país no luce al existir mediciones que evidencian que somos uno de los dos países con mayor desigualdad en Sudamérica.

Para lograr este objetivos tenemos que abrirnos a la discusión y al estudio de un sistema tributario que, a aparte de gravar la generación de renta, afecte a la tenencia de capitales, incorporando un tributo al patrimonio que grave realmente a personas que tengan bienes que establezcan una verdadera separación entre “ricos y pobres”, no como actualmente lo son las contribuciones de bienes raíces que tributan según criterios comerciales, ajenos al real y legítimo derecho de tener la casa propia, cuyo único patrimonio, en muchos casos, es precisamente la tenencia de esa casa en particular. En otras palabras, el impuesto al patrimonio debe gravar a bienes que de una u otra forma generan algún tipo de riqueza, incremento o mantención de patrimonio, y no a la tenencia de algún bien como una vivienda o un vehículo de uso particular.

Otra forma de redistribuir el ingreso de una forma más inmediata y, en mi opinión, más efectiva en el corto plazo, es permitir que grandes empresas que representan el 1% de las empresas del país, pero que aportan el 90% de la recaudación fiscal, puedan destinar sus utilidades antes de impuestos al financiamiento de necesidades sociales importantes como la salud y la educación.

En la actualidad, si una empresa quiere realizar alguna donación solo puede ser en educación, cultura, deporte, beneficencia social y a partidos políticos (la investigación y desarrollo no tiene el tratamiento de donación sino de inversión) quedando fuera la salud, previsión y el aporte al bienestar social de las comunidades. Es por ello que sería interesante permitir que grandes empresas puedan realizar donaciones a consultorios, a hospitales públicos, poblaciones y otras organizaciones sociales, reconociendo estas erogaciones como gastos necesarios para producir renta con topes máximos más amplios que los actuales, pues en virtud de la ley 19.885 solo es posible someter a algún tratamiento tributario de este tipo donaciones que no superen el 5% de las rentas líquidas imponibles, amén del hecho que hay que cumplir con una serie de cálculos accesorios y otros trámites que hacen engorroso y complicado el realizar alguna donación.

También sería interesante permitir que las empresas puedan otorgar becas de estudios a los hijos de trabajadores por un monto mayor a la actual cota máxima anual de 1,5 unidades tributarias anuales (UTA) para la educación básica o media y 5,5 UTA para la educación superior para cada hija o hijo. Según cálculos preliminares que he realizado, el hecho de aumentar a 10 UTA para la educación superior generaría una fuente de financiamiento directa para las universidades estatales que les ayudaría directamente a cumplir con su misión de otorgar educación de calidad, financiando sus actividades de investigación, docencia y extensión al contar con hijos de trabajadores de empresas que han aceptado el reto de distribuir sus utilidades entre sus colaborares, no dejando por este hecho de pagar importantes cantidades de tributos al Estado dado con que estas grandes empresas cuentan con ingentes cantidades de utilidades en cada ejercicio comercial.

Prof. Germán R.Pinto Perry

Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Universidad de Santiago