Estudio revela que pesca industrial tiene mayor carga tributaria que la minería

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Pesca de arrastre

Desde 2013, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca, el sector industrial dedicado a esta actividad ha tenido un aumento sostenido en los gravámenes que paga por concepto de patente, impuesto específico, subastas y otros cargos. Por ejemplo, en contraste con 2012, durante 2017, las empresas pagaron US$ 4.200 millones más.

Estos datos fueron parte de un estudio realizado por el ex subsecretario de Pesca de Patricio Aylwin, Andrés Couve, quien también reveló la incidencia de los gravámenes en la valorización de los desembarques de la pesca industrial. Esto último mostró que, entre 2013 y 2017, la participación de las obligaciones tributarias de la industria ha estado, en promedio, en un 11 % desde la entrada en vigor de la Ley de Pesca, pasando de un 9,3% en 2012 a un 11,1% en 2017.

Lo anterior contrasta con la realidad del sector minero del cobre y otros metales en Chile. Considerando el total de empresas mineras afectas al pago de patente y royalty minero, el pago total por ambos conceptos representó, como promedio anual durante 2012-2013, el 1,6% del valor de la producción anual. Asimismo, si se considera al grupo de las 11 mayores mineras privadas más Codelco, el pago total anual por patente y Royalty minero representó 4,1% de las Utilidades Operacionales conjuntas de estas empresas, considerando el valor promedio de este porcentaje durante los años 2013-2014.

En contraste con la realidad minera, el pago anual por patente, royalty y costo de certificación de desembarques representó un tercio de sus utilidades operacionales anuales. Es decir, mientras las principales empresas mineras veían solo el 4,1% de sus utilidades operacionales afectadas por los gravámenes, las empresas pesqueras tributaban más del 33% de sus ingresos.

Otra diferencia entre la regulación tributaria de la minería y la pesca es la forma en que pagan el impuesto específico ambas industrias, ya que la última debe pagar sin importar los resultados del negocio. Es decir, en el caso de las mineras, el royalty sectorial se paga en función de la producción de la empresa. Mientras que, en el sector pesquero, se paga sobre la tenencia de licencias de pesca, independiente de si las cuotas de pesca asignadas sean o no efectivamente pescadas.

Todo esto ha generado preocupación para los gremios de la industria pesquera. “Sabemos que cualquier industria está afecta a pagar impuestos, pero en esto existe una diferencia bastante significativa, que hay que tomar en cuenta, en un contexto en que se continúa poniendo presión al sector industrial por la vía de cambios legislativos que generan incertidumbre.


Escenario incierto


A pesar de advertir una fuerte carga tributaria, la inversión de la industria pesquera en materia de sustentabilidad ha generado importantes avances. Lo anterior, ya que han logrado certificar las pesquerías de camarones de todo el país y avanzan firmemente en la certificación del jurel, que es la principal actividad pesquera a nivel nacional.

“Nosotros llevamos años esforzándonos por avanzar en un tema que es de vital importancia, que es la sustentabilidad de los recursos. Creemos que cualquier regulación a la actividad tiene que estar guiada por asegurar una pesca con futuro y en esto, la industria se adelantó hace muchos años”, recalca Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA F.G.), que agrupa a más de 100 pequeñas, medianas y grandes empresas pesqueras.

Lo señalado por Sonapesca está relacionado con las actuales iniciativas legales que se discuten en el parlamento: Ley Corta, fin del arrastre en la Jibia y fortalecimiento del Sernapesca. “De todo lo que hoy se discute, lo único que tiene el foco en la sustentabilidad es el fortalecimiento del Sernapesca, ya que es vital detener a la pesca ilegal. En cambio, el tema de la jibia solo responde a eslóganes respecto al arrastre que no tienen ningún fundamento científico”, enfatiza el gerente general de Sonapesca F.G.