Paulina Molina Fernández

“La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible” señala la declaración de los derechos fundamentales desde el 10 de diciembre de 1948. Nuestro país ratificó la convención internacional sobre los derechos del niño en 1990, lo que significa que “ningún niño o niña puede ser excluido del sistema educativo. Es decir, el Estado chileno debe garantizarles una enseñanza gratuita y de calidad junto con recibir un trato digno en la escuela.”

Este año ha sido especial en materia de inclusión. Se avanzó en nuevas normativas que permiten que, con la entrada en vigencia de la ley 21.275, las empresas tengan nuevas exigencias que cumplir a enero 2023.

Las principales cuidadoras de las PcD son sus madres, lo que impacta en los bajos indicadores de participación laboral de las mujeres, a ello se suma que presentar discapacidad y ser mujer es un doble factor de vulnerabilidad porque la prevalencia de discapacidad en mujeres es mayor como también la longevidad.

Antes de la entrada en vigencia de la ley 21.015, que favorece la participación laboral de Personas con Discapacidad (PcD), muchas organizaciones de y para personas con discapacidad estuvieron favor y otras en contra de legislar al respecto. Los ánimos fueron divididos frente a la necesidad de una ley que “obligara” a las empresas a mantener una cuota de inclusión, lo que se opone al ideal de sociedad que deseamos construir, en la que no sea necesario tener una ley que lo exija.