Datos personales, combustibles y sala cuna en los temas despachados por la Cámara

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La Sala de la Cámara abordó tres importantes iniciativas de ley en la presente semana de noviembre, dejando una de ellas en posibilidad de pasar a fase de promulgación como ley de la República.


Se trata del proyecto (boletín 18624) que modifica la Ley de protección de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En particular, ajusta los plazos y las reglas para poner en marcha la nueva institucionalidad, con el objetivo de que empresas y organismos públicos cuenten con más tiempo para prepararse.


Así, se posterga hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719, prevista inicialmente para diciembre de 2026. La normativa regula la protección y el tratamiento de los datos personales, al tiempo que introduce cambios en la legislación sobre vida privada, acceso a la información pública y derechos de las personas consumidoras.


La postergación se relaciona con el proceso de instalación de la Agencia, que deberá fiscalizar el cumplimiento de la ley y ejercer las atribuciones que ésta le entrega. Adicionalmente, la propuesta aumenta de tres a cinco el número de integrantes del Consejo Directivo de la Agencia. Además, establece que sus integrantes durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de ser designados para un nuevo período. Asimismo, define que el Consejo se renovará parcialmente cada dos años.


El proyecto también fija nuevas reglas para la primera designación. La propuesta presidencial deberá incluir en un solo acto a cinco integrantes, con períodos iniciales diferenciados, y requerirá el respaldo de dos tercios del Senado. Si la propuesta es rechazada, el Presidente deberá presentar una nueva dentro de los 15 días siguientes.


Contención de precios de los combustibles


La Sala de la Cámara también dio su respaldo a la propuesta (boletín 18885) que busca contener las alzas de los precios de los combustibles, además de aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.


El proyecto pasó a segundo trámite, al Senado, Corporación que aprobó el mismo texto derivado desde la Cámara. De tal modo, esta iniciativa también concluyó su trámite en el Congreso Nacional, enviándose su texto a fase de promulgación.


Este marco legal define un tope a los precios de los combustibles hasta el 7 de abril de 2027:


- Para las gasolinas automotrices, la suma del componente variable y el “precio base”, en pesos por litro, no podrá superar la vigente al 5 de noviembre de 2026.


- Respecto del petróleo diésel, la suma del componente variable y el “precio base” no puede superar la vigente al 5 de noviembre de 2026 menos 100 pesos por litro.


Este mecanismo operará desde el primer decreto que determine el componente variable del impuesto específico (Ley 18.502) publicado tras la entrada en vigencia de la ley, y hasta el 7 de abril de 2027, inclusive.


Adicionalmente, se establece una nueva escala de recuperación del impuesto específico para las empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones.


Junto a lo anterior, se amplía el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y se entrega un crédito fiscal, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, a empresas de transporte de pasajeros.


Sala cuna


Finalmente, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto (boletín 14782) que equipara el derecho de sala cuna para trabajadoras y trabajadores bajo el Código del Trabajo, así como para independientes.


Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación del requisito que exige proveer de sala cuna a las empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras. También crea un fondo solidario de sala cuna, financiado mediante una cotización previsional. Su finalidad será costear el acceso a salas cunas de los hijos menores de dos años de las y los trabajadores.


Para financiar dicho fondo, se establece la obligación para los empleadores (del sector privado o público) de enterar una cotización de 0,30%. Se compensará con una rebaja de 0,15% en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y de 0,15% en la destinada a las Cuentas Individuales por Cesantía. Los trabajadores independientes cotizarán un 0,30% de sus rentas imponibles.


Asimismo, se permite que los empleadores mantengan salas cunas anexas o conjuntas al lugar de trabajo de manera voluntaria; se regula cómo se ejercerá el derecho cuando ambos padres sean trabajadores; y determina un calendario de aplicación en cuatro años, incorporando al sistema a trabajadoras, trabajadores e independientes, incluidos aquellos que se desempeñen en las entidades del sector público.


Acusación constitucional


Cabe mencionar que, en esta semana, la Sala de la Cámara también conoció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.


Ingresaron el libelo Jaime Araya, Boris Barrera, Jorge Brito, Jorge Díaz, Raúl Leiva, Luis Malla, Javier Muñoz, Juan Santana, Emilia Schneider y Daniela Serrano. Se acusa al ministro de haber infringido la Constitución y las leyes al dictar decretos de rebaja de condena a personas condenadas por delitos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, así como a condenados por crímenes de lesa humanidad.


En dicho marco, la Sala de la Cámara procedió a sortear los integrantes de la comisión que revisará la admisibilidad del libelo, resultando electos Lorena Fries, Lorena Pizarro, Carlos Chandía, Raúl Soto y Germán Verdugo.

europapress