(www.camara.cl)
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa con el análisis del proyecto de ley (boletín 18434) que sanciona la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
El texto señala que la necesaria regulación del comercio sexual no debe entenderse únicamente como una medida sanitaria, sino también como una herramienta de política criminal, orientada a reducir los incentivos económicos que sostienen mercados clandestinos, intermediación abusiva y explotación de personas en situación de vulnerabilidad.
Durante la última jornada, la instancia aprobó un artículo que eleva en un grado la penalidad para quien explote económicamente, bajo coerción o amenaza, el ejercicio del comercio sexual de otra persona mayor de edad.
Adicionalmente, continuó el debate respecto de la responsabilidad del cliente, en el entendido de que se encuentre en conocimiento del registro de abusos contra las trabajadoras sexuales; así como de la responsabilidad de quien arriende, facilite o ponga a disposición, un inmueble para la práctica del comercio sexual.
Respecto de estos puntos aun no existe acuerdo, razón por la cual se pospuso el despacho de la iniciativa, a la espera de llegar a una redacción de consenso.
Cabe recordar que el Código Sanitario reconoce la existencia de personas que se dedican al comercio sexual, al tiempo que permite, vía reglamento, condiciones de control sanitario.
Sin embargo, la propuesta plantea que ese marco es insuficiente para enfrentar fenómenos de intermediación clandestina, explotación económica, publicidad masiva en medios digitales y relación con economías criminales, especialmente, cuando terceros, vinculados al crimen organizado, se benefician del ofrecimiento de servicios sexuales ajenos.