CGR fortalece las acciones para recuperar recursos públicos tras condenas en juicios de cuentas

|

Cgr 02

(www.contraloria.cl)


La Contraloría General de la República aprobó la Resolución N° 2.569 de 2026, que fortalece las acciones para recuperar recursos públicos cuando una sentencia de juicio de cuentas determina que estos deben ser reintegrados al Estado. 


El procedimiento contempla las actuaciones que deberán desarrollarse una vez que exista una sentencia firme que ordene el reintegro de recursos. Entre ellas se consideran el requerimiento de pago al condenado, la evaluación del crédito por parte de la Fiscalía de la institución y la determinación de las vías de cobro correspondientes. 


La resolución, publicada este martes 17 de noviembre en el Diario Oficial, establece distintas herramientas para recuperar los recursos fiscales, incluyendo el cobro de pólizas de fianzas existentes y mecanismos de pago para quienes mantienen deudas determinadas por una sentencia de juicio de cuentas. 


Asimismo, se señala que se aplicarán las medidas previstas en la Ley N° 10.336 para los casos en que no se produzca el pago de la deuda. De esta forma, se considera la suspensión sin goce de remuneraciones del funcionario condenado y, posteriormente, su separación del cargo si el reintegro no se efectúa dentro de los plazos legales establecidos. 


Respecto de quienes no mantengan la calidad de funcionarios públicos activos, el procedimiento determina el envío de cartas de cobranza extrajudicial y, de persistir el incumplimiento, el inicio de acciones de cobro ante los Tribunales Ordinarios de Justicia por parte de la Fiscalía de la CGR. 


En la resolución también se precisa que las obligaciones derivadas de sentencias dictadas en juicios de cuentas no pueden ser objeto de condonación al amparo del artículo 67 de la Ley N° 10.336, por tratarse de obligaciones establecidas mediante un fallo judicial. 


Finalmente, el procedimiento regula el registro y seguimiento de los pagos efectuados, estableciendo que los recursos recuperados deberán ingresar a la institución afectada por el perjuicio, mientras que los intereses penales deberán enterarse en la Tesorería General de la República. 


La importancia de esta medida radica en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para que las sentencias de juicios de cuentas no queden solo en una declaración de responsabilidad, sino que cuenten con herramientas concretas para exigir la restitución de los recursos involucrados por parte de los responsables. De esta manera, se refuerzan principios esenciales para el sector público, como la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado uso de los fondos fiscales. Todo lo anterior, además, en el marco de una demanda ciudadana de mayor probidad y respuestas concretas frente a hechos que afectan la correcta administración de los recursos del Estado. 


europapress