(www.senado.cl)
Una Comisión Mixta deberá resolver las divergencias entre ambas Cámaras, en torno al proyecto que busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales.
En concreto, el Senado espera reponer la enmienda que precisa que “En el arrendamiento, los gastos relativos a mejoras útiles y necesarias del inmueble respectivo serán siempre de cargo del dueño de este, no pudiendo establecerse estipulación en contrario. En caso de que el sostenedor haya incurrido en su pago, deberán ser descontados del canon de arriendo”.
Cabe recordar que la moción -de autoría de los senadores Gustavo Sanhueza, Paulina Núñez y Matías Walker y de los exparlamentarios José García y Carmen Gloria Aravena- tiene por objeto facilitar la creación de establecimientos educacionales particulares subvencionados, de manera de contar con una mejor y más amplia oferta de matrícula, que asegure la continuidad y estabilidad del servicio educativo.
Durante la sesión, la senadora Yasna Provoste y el senador Alfonso de Urresti, entre otros, anunciaron reserva de constitucionalidad por una norma, incorporada vía indicación en la Cámara, relativa a tributación y que, además, “estaría fuera de las ideas matrices del proyecto”.
PROYECTO
El proyecto propone, entre otros, eliminar el requisito de “demanda insatisfecha”, suprimiendo la obligación de acreditar fehacientemente que existe una demanda escolar no cubierta para poder postular por primera vez a la obtención de la subvención estatal.
Flexibiliza las exigencias de propiedad de la infraestructura, permitiendo que el régimen de arriendo regulado funcione de manera permanente para los sostenedores de colegios particulares subvencionados.
Permite que un sostenedor, cuyo colegio haya estado al menos 3 años seguidos en desempeño alto o medio, se haga cargo de otro establecimiento, con informe favorable de la Agencia de Calidad y autorización el Ministerio.
Autoriza transferir la calidad de sostenedor, siempre gratis y con control de la autoridad, en los colegios subvencionados, particulares sin finde de lucro. Lo que apunta especialmente a colegios fundados por congregaciones religiosas que hoy no podrían seguir y se podrá traspasar el colegio.
DEBATE
El proyecto fue informado por el senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación y durante las diferentes votaciones intervinieron las y los senadores Yasna Provoste, Rojo Edwards, Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Andrea Balladares, Gustavo Sanhueza, Vlado Mirosevic, Claudia Pascual, Gustavo Sanhueza, Cristián Vial, Alejandra Sepúlveda, Beatriz Sánchez y Alfonso De Urresti.
Desde el oficialismo se recalcó el derecho de “las familias para elegir el colegio de sus hijos” y criticaron que “se impuso una norma que para abrir nuevos colegios particulares subvencionados tiene que haber una supuesta demanda insatisfecha”, “pero esto no implica que la oferta sea de calidad”, sostuvieron.
Indicaron que, “a juicio de algunas familias: no tienen alternativas, porque el sistema no está viendo si hay o no calidad”. “Las familias no pueden ser afectadas por las restricciones que pone en el Estado”. “Detrás de cada matrícula hay un niño, una familia, y un proyecto de vida”. “La libertad de enseñanza debe traducirse en oportunidades reales”.
Además, algunos legisladores hicieron presente que existe una “excesiva burocracia” para la creación de nuevos establecimientos educacionales y valoraron que el proyecto considere la falta de oferta educativa en localidades afectadas por emergencia.
En tanto, los cuestionamientos estuvieron centrados, entre otros, en problemas por la falta de participación de la comunidad educativa; se indicó que la calidad de sostenedor “no debería transferirse como consecuencia automática de un convenio de administración”, se “requiere de un procedimiento transparente, participativo y resguardado”
Calificaron el proyecto como “ideológico” y realizaron cuestionamientos sobre “mecanismo de lucro”. “Es una contra reforma estructural e ideológica y no tiene nada que ver con los índices de aprendizaje”.
También se hicieron reparos sobre rendiciones de cuentas y la “fragmentación de la responsabilidad” que se propone.