Cámara: Nuevas reglas para expulsiones administrativas a pasos de ser ley

(www.camara.cl)

En sus pasos finales en el Congreso Nacional se encuentra el proyecto (boletín 16836) que define nuevas reglas para las expulsiones administrativas contempladas en la Ley 21.325. La Sala de la Cámara aprobó el informe que resolvió las diferencias con el Senado y solo falta el respaldo de esta última corporación para que el texto se despache al Ejecutivo.

La propuesta dota de mayores facultades a los organismos públicos competentes, mejora la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.

La controversia se originó luego que la Cámara no aceptara la eliminación que hizo el Senado del nuevo plazo mínimo de prohibición de reingreso de personas con expulsiones administrativas. La norma original era de tres años y la Cámara lo elevó a cinco años. En la mixta, el acuerdo fue de fijar el plazo en cinco años.

En línea con lo anterior, se definió que las expulsiones que dicte el subsecretario del Interior, por razones fundadas en seguridad interior o exterior o por razones de orden público (conforme a la nueva facultad entregada en esta ley), tendrán un plazo de prohibición de ingreso de entre cinco y diez años.

Cabe recordar que, entre sus alcances, el texto regula la expulsión inmediata y permite al Servicio Nacional de Migraciones exigir información a toda persona, natural o jurídica, o funcionario público, para recabar el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación migratoria irregular. Su objetivo será el notificar resoluciones en procedimientos administrativos de expulsión. Se exceptúan de esta norma niños, niñas y adolescentes y establecimientos educacionales y de salud.

Toda medida de expulsión permanecerá vigente y surtirá todos sus efectos desde el momento en que es decretada y hasta que se ejecute efectivamente. Las medidas de expulsión sólo podrán dejarse sin efectos por causas legalmente establecidas y debidamente fundadas.

Otras normas revisadas por la mixta

Si bien la controversia abordaba el punto ya mencionado, la comisión mixta extendió su mandato y revisó otras normas relacionadas a las expulsiones administrativas. Así, por ejemplo, el proyecto autoriza a la Policía de Investigaciones a solicitar por escrito al juez de garantía competente que autorice el ingreso al domicilio donde se encuentra la persona en contra de quien se decretó la medida de expulsión, para efectos de aprehenderla.

La mixta ahondó sobre dicho procedimiento: aclara cuál será el juzgado competente; agrega exigencias para la solicitud (individualización del afectado, domicilio, resolución de expulsión, etc.); define medidas de coordinación con el Ministerio Público para identificar si hay investigaciones delictuales que vinculen a la persona o domicilio; y suma formalidades para realizar la detención.

También se regula la expulsión inmediata de extranjeros en condición migratoria irregular respecto del cual existe formalización o se encuentre acusado o requerido por simple delito. Para esto se consideran medidas de coordinación con la Fiscalía y tribunales, así como para normar las audiencias que se requieran en el caso, junto con los efectos de la resolución final de expulsión

Finalmente, entre otros puntos, se aplica una modificación al Código Orgánico de Tribunales para sumar como nueva competencia para los tribunales de garantía conocer y resolver las solicitudes de autorización para ingresar a domicilios destinadas a ejecutar medidas administrativas de expulsión y la expulsión inmediata en procesos penales.

Debate

Participaron en la discusión de este proyecto Javier Olivares, Ricardo Neumann, Andrea Parra, Carolina Tello, Felipe Camaño, Marcos Barraza, Joanna Pérez, César Valenzuela, Benjamín Moreno, Álvaro Jofré, José Antonio Kast Adriasola, Raúl Leiva, Hotuiti Teao, Eileen Urqueta, Jorge Díaz, Carlos Carvajal, Germán Verdugo, Cristian Contreras, Luis Sánchez, José Antonio Rivas, Jaime Araya, Héctor Barría, Sebastián Videla y Chiara Barchiesi.

La mayor parte de las intervenciones estuvieron por aprobar el informe de la comisión mixta, hecho que se verificó al momento de las votaciones, donde se registraron 128 votos a favor y 11 en contra. Se estimó necesario mejorar el actual estándar de las expulsiones administrativas y facilitar el accionar del Estado, con reglas claras, pero con respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, también hubo algunas críticas, en particular, por el hecho que la mixta extendiera su mandato y enmendara otras normas más allá de la que originó su convocatoria. Asimismo, se refutó que se extendiera a cinco años la prohibición de reingreso para quienes fueran objeto de expulsiones administrativas, junto con el establecimiento de medidas especiales para la policía.

Estado excepción

La Sala de la Cámara también respaldó, por 107 votos a favor, 11 en contra y 16 abstenciones, una nueva prórroga, por 30 días, del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío.

La medida, vigente desde mayo de 2022, tiene como objetivo reforzar la seguridad y resguardar el libre tránsito en la macrozona sur.

Según el informe de la Subsecretaría de Seguridad Pública, al 27 de septiembre de 2026, los hechos de violencia registraron una disminución del 23% respecto del mismo período del año anterior, equivalente a 57 eventos menos. En comparación con 2021, la reducción alcanza el 85%.

Entre los principales avances destacan las disminuciones del 71% en bienes incendiados, del 70% en cortes de ruta, del 25% en usurpaciones y del 24% en ataques incendiarios. Sin embargo, los hechos asociados a la presencia de armas de fuego aumentaron un 1% respecto de 2025.

El documento también informa que, desde el inicio del estado de excepción, se han desarrollado más de 441 mil actividades operativas, junto con 729.775 controles policiales y la detención de 1.497 personas.

Pese a estos resultados, el Ejecutivo advirtió que persisten hechos de violencia en la zona. Como ejemplo, mencionó dos ataques incendiarios ocurridos los días 25 y 26 de septiembre en Collipulli y Lumaco, respectivamente, que afectaron a vehículos y trabajadores.

Participaron del debate José Montalva, Tomás Kast, Flor Contreras, Stephan Schubert y Hans Marowski.