Chile no puede seguir postergando su futuro [parte dos]
Chile no puede resignarse a administrar una economía que ofrece pocas oportunidades. El crecimiento exige decisiones sobre deuda, impuestos y funcionamiento del Estado. Cada recurso atrapado en un programa ineficaz, cada inversión detenida innecesariamente y cada compromiso fiscal sin respaldo reducen el espacio de las familias para progresar. La recuperación depende de volver a confiar en la capacidad de las personas y las empresas para generar valor.
El Banco Central informó que el PIB cayó 0,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, con una contracción minera y un aumento del producto no minero. El dato no describe por sí solo toda la economía, pero muestra la importancia de recuperar inversión. El proyecto de reconstrucción, cuyo trámite legislativo terminó en agosto, abre una oportunidad que, a mi juicio, debe aprovecharse. Su éxito dependerá de resultados concretos.
La disciplina fiscal merece una solución institucional. Según el cierre preliminar de 2025 de Dipres, la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó 41,7% del PIB estimado y el déficit estructural llegó a 3,55%. La deuda se estabilizó respecto de 2024, pero el déficit exige corrección. Ahorrar en tiempos favorables permite afrontar crisis externas; depender crecientemente del financiamiento expone al país al costo de refinanciar sus obligaciones. La deuda externa solo es un negocio para los prestamistas, Chile se endeudó a tasas muy favorables, pero hoy que no podrá pagar su deuda se endeudará a tasas mucho más altas.
En este sentido sería muy favorable adopter constitucionalmente una regla que impida financiar gastos permanentes mediante deuda y establezca una trayectoria razonable de ajuste. Perú ofrece una referencia: el artículo 78 de su Constitución prohíbe cubrir gastos permanentes con empréstitos y exige una partida para atender la deuda. Chile debería estudiar una fórmula propia, con fiscalización independiente y excepciones acotadas para emergencias. La responsabilidad fiscal debe sobrevivir a los cambios de gobierno. La idea sería establacer un deber para el Banco Central de pagar anulamente los intereses, y un porcentaje del capital, que podría ser de a lo menos un 5%.
La reforma del Estado debe traducirse en decisiones presupuestarias. En 2025, Dipres concluyó 20 evaluaciones que abarcaron más de 100 programas. Aunque esa selección no representa todo el gasto, permite detectar dónde actuar. Los programas ineficaces deben reformularse, integrarse o cerrarse, asegurando alternativas a sus beneficiarios. La carrera funcionaria debe premiar mérito y resultados, y la administración responder por sus tiempos de tramitación. Evaluar sin corregir termina siendo otro gasto.
También corresponde abrir una discusión sobre una privatización 3.0 de las empresas públicas: venta de activos, incorporación de capital privado o gestión competitiva, según el caso. Codelco informó un Ebitda de US$6.670 millones en 2025, 23% superior al de 2024. Ese resultado no resuelve la discusión sobre rentabilidad del capital, inversión y gobierno corporativo. Toda empresa estatal debe justificar su permanencia y compararse con alternativas. Los ingresos extraordinarios de una venta deben fortalecer el patrimonio fiscal.
La reducción del IVA merece entrar en esta discusión. Su tasa es 19% es muy alata y natuiralmente frena la encomía y afecta a los más pobres. Sería consejable rebajar gradual con un horizonte de 10%, financiada con rebaja de programas sociales mal evaluados. Sobre un precio antes de impuestos de $100, el precio final bajaría de $119 a $110: 7,6%, si el beneficio se trasladara íntegramente al consumidor. La recaudación sobre una base constante caería 47,4%, pero habría un importante efecto de Recaudación producto de la reactivación que ello generaría. En todo caso esa magnitud obliga a demostrar el financiamiento; cerrar programas ineficientes no garantiza que alcance.
Una rebaja podría aliviar el presupuesto familiar y estimular el consumo. Su efecto distributive es evidente en los últimos quintiles, en que sus ingresos van casi en su totalodad al consumo, y precisamente este efecto de política pública permitiría cerrar programas menos rentables socialmente, y de esta forma evitar un deficit fiscal que en estos momentos no se puede afrontar.
Rodrigo Barcia Lehmann
Abogado, doctor en Derecho y magíster en Economía.
Profesor investigador Universidad Autónoma de Chile.
