Señor director:
Los narcofunerales demuestran la urgencia de reestructurar y coordinar integralmente el aparato estatal. Hoy presenciamos con preocupación la normalización de estas manifestaciones violentas y una grave falta de análisis sobre la peligrosidad real de las comunas más afectadas.
Frente a esta realidad, resulta cuestionable cómo se decide la ubicación de los cuarteles policiales, pues parece responder más a la ansiedad poblacional que a criterios técnicos de criminalidad. Asimismo, es imperativo revisar la contratación e idoneidad de los inspectores de seguridad municipal, quienes enfrentan directamente esta amenaza sin el respaldo o la preparación adecuada.
La transformación del Estado no puede recaer únicamente en policías y tribunales. Se requiere una articulación del estamento administrativo, incluyendo municipios, gobiernos regionales y delegados presidenciales. Además, agencias como el SENDA y el Ministerio de Desarrollo Social deben intervenir activamente para abordar factores estructurales como la pobreza, el hacinamiento y la desigualdad, previniendo así la proliferación delictiva.
El aumento de penas o la mano dura son insuficientes si no se analizan las redes criminales internas ni se implementan mecanismos efectivos de prevención y reinserción social. Solo combinando la sanción con la recuperación comunitaria lograremos que el Estado recupere el control e impida que estos cortejos sigan paralizando nuestras ciudades.
Juan Castañeda
Investigador de la Universidad Autónoma de Chile
