Sr. Director,
El proyecto que propone postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales puede dar más tiempo a organizaciones que aún presentan brechas en su adecuación. Pero ese plazo adicional no debería traducirse en inacción. En Chile persisten desafíos en cultura y gobierno de datos. Muchas organizaciones aún deben resolver cuestiones básicas pero complejas: qué información poseen, por qué la conservan, cómo la utilizan y qué riesgos implica su tratamiento.
Si la postergación se aprueba, esos doce meses deberían destinarse a cerrar brechas, asignar recursos y fortalecer los programas de cumplimiento. De lo contrario, solo trasladaremos la urgencia de 2026 a 2027. También es relevante contar con mayor claridad sobre la instalación y funcionamiento de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, cuyos criterios permitirán a las organizaciones ajustar sus programas.
Por ahora, la postergación sigue siendo un proyecto de ley. Mientras no se apruebe, la entrada en vigencia se mantiene para el 1 de diciembre de 2026. Detener la adecuación esperando un cambio de fecha sería una mala decisión.
Roberto Guerrero
Counsel, LATAM Commercial, Sovos