El anuncio del Servel de denunciar ante los Juzgados de Policía Local a más de 3,7 millones de abstencionistas de las elecciones de 2025 reabre un debate de fondo: la capacidad institucional del Estado para procesar eficazmente esta masa extraordinaria de causas.
Aunque la ley establece multas de 0,5 a 1,5 UTM, la efectividad de la norma no se agota en su redacción. Requiere un procedimiento capaz de identificar, citar, escuchar los descargos, ponderar justificantes y ejecutar la sanción de forma oportuna.
Distribuir millones de denuncias en tribunales con grandes disparidades en dotación, tecnología y sistemas de gestión genera un evidente cuello de botella. Por ello, la solución no pasa por elevar las multas, sino por asegurar los recursos administrativos y tecnológicos para modernizar la tramitación. El Estado debe avanzar hacia un sistema electoral simplificado e interoperable entre el Servel y la justicia local, con expedientes electrónicos, notificaciones eficaces y plataformas digitales para presentar descargos.
El voto obligatorio exige una infraestructura estatal a la altura, capaz de aplicar la ley con rapidez, proporcionalidad y debido proceso. De lo contrario, mantendremos una sanción rigurosa en el papel, pero impracticable en la realidad.
Andrés Celedón
Académico de la Facultad de Derecho
Universidad Autónoma
