Sumarios sin plazo
Sr. Director,
El informe de la Contraloría que detectó a 485 funcionarios suspendidos preventivamente —30 de ellos por más de tres años, todos percibiendo sus remuneraciones— desnuda una falla estructural del Estado: su incapacidad para resolver a tiempo sus propios procedimientos disciplinarios.
Que un sumario cuya etapa investigativa no debiera superar los 60 días hábiles se prolongue por más de cuatro años no es un detalle administrativo. Significa recursos públicos pagados sin contraprestación, funcionarios en un limbo indefinido y una justicia interna que no llega ni para el afectado ni para la ciudadanía. Los $671 millones desembolsados solo en los diez casos más extensos son apenas la punta del problema.
La modernización del Estado suele plantearse en clave tecnológica, pero casos como este recuerdan que antes hace falta algo más básico: gestión, plazos que se cumplan y responsabilidades que se persigan. Bien hace la Contraloría en asumir estos sumarios y revisar a quienes toleraron las demoras. Ojalá sea el inicio de una exigencia permanente y no una fiscalización aislada y que las autoridades políticas y jerárquicas asuman su responsabilidad.
Eric Latorre
Director Magíster en Gobierno y Dirección Pública
Universidad Autónoma de Chile
