Acceso al agua en los sectores vulnerables de Chile
Chile ocupa una posición destacada a nivel internacional por la cobertura y calidad de sus servicios urbanos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, que benefician a cerca del 90% de la población. Sin embargo, el país mantiene una deuda con más del 10% de sus habitantes, principalmente aquellos que dependen de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) o del abastecimiento mediante camiones aljibe.
Los SSR fueron considerados un modelo exitoso durante la década de 1990. Después de más de treinta años de funcionamiento, hoy abastecen a cerca de dos millones de personas. No obstante, muchos presentan una operación deteriorada, recursos insuficientes para su administración y dificultades para enfrentar la transición derivada de la implementación de la Ley N.º 20.998. Esta normativa introduce cambios profundos en un modelo que requiere una modernización urgente.
Por su parte, los camiones aljibe surgieron como una respuesta de emergencia para abastecer a localidades rurales afectadas por la escasez hídrica, el retraso de inversiones, el colapso de algunos servicios sanitarios rurales o la dispersión geográfica de las comunidades. Sin embargo, una medida concebida como transitoria se ha transformado -en numerosos casos-, en una solución permanente, costosa e ineficiente.
Este sistema entrega alrededor de 50 litros diarios de agua por persona a una población vulnerable estimada en 500.000 habitantes a nivel nacional. Durante el transporte, almacenamiento y distribución, el agua puede perder calidad debido a alteraciones en la cloración, contaminación o acumulación de sedimentos. Esto expone a las comunidades a riesgos sanitarios y las obliga a depender de la llegada oportuna del camión para satisfacer una necesidad esencial.
En 2025, el costo de este modelo alcanzó aproximadamente $135.000 millones, cifra que se ha perpetuado en el presupuesto público. El problema no es solo financiero: también genera dependencia hídrica y sanitaria, mientras los incentivos continúan concentrados en el transporte del agua y no necesariamente en soluciones definitivas.
Además, distintos estudios advierten que, entre 2021 y 2026, la crisis hídrica se ha extendido hacia las regiones del centro-sur y sur del país, territorios históricamente caracterizados por mayores niveles de precipitación.
Frente a este escenario, se propone la denominada “acupuntura territorial”, basada en tres pilares: focalización precisa de los problemas; rapidez de ejecución mediante soluciones modulares y de menor escala y sostenibilidad, fortaleciendo la gestión descentralizada y la participación de las comunidades.
Chile debe cerrar la brecha entre el mundo urbano y rural. El carácter comunitario de los SSR no está en discusión, pero sí están en riesgo la calidad y sostenibilidad del servicio. Las soluciones perdurables requieren inversión, tecnología, profesionalización, fiscalización y visión de futuro. El agua de los más vulnerables no puede continuar dependiendo de una emergencia convertida en costumbre.
Gabriel Caldés
Consejero
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Consultor en Recursos hídricos
