Senado: Presentan moción para garantizar exención de peaje a vehículos particulares en emergencias médicas
Un grupo transversal de senadoras y senadores presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, con el fin de garantizar que todo vehículo particular que traslade a personas en situación de emergencia pueda cruzar las plazas de peaje sin la exigencia de un cobro inmediato.
CONTEXTO
En el texto legal, las senadoras Danisa Astudillo y Loreto Carvajal y los senadores Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, hacen presente que la propuesta surge tras un grave incidente registrado en la Región del Biobío, donde la barrera de peaje no fue levantada a una familia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto, debido a la falta de efectivo.
La demora, prosigue el relato, provocó que la bebé naciera al interior del automóvil antes de llegar al hospital, exponiéndose a riesgos de infección por falta de un entorno esterilizado.
Ante estos hechos, las y los autores de la iniciativa remarcaron que el libre tránsito en emergencias debe priorizar los “derechos constitucionales a la vida, la integridad física y la salud por sobre los intereses comerciales de las concesionarias”.
MOCIÓN
Entre las principales disposiciones del proyecto destaca que la condición de urgencia se presumirá con la “sola declaración verbal del conductor en la caseta de cobro” y para evitar perjuicios económicos a las empresas, la norma fija un mecanismo de pago posterior que concede un plazo de 48 horas para regularizar la tarifa mediante transferencia electrónica u otros medios informados por la concesionaria.
Se precisa que, transcurrido dicho lapso, la concesionaria podrá tramitar el cobro directamente con el propietario del vehículo.
Asimismo, el proyecto protege expresamente a los funcionarios de los peajes, “prohibiendo a las empresas aplicar sanciones, descuentos o cobros a los trabajadores” que levanten las barreras durante una emergencia.
Finalmente, la moción incorpora sanciones penales para quien obstaculice el paso en situaciones de emergencia o catástrofe, fijando penas de hasta 3 años de cárcel (presidio menor en su grado mínimo a medio).
El proyecto será analizado por la Comisión de Obras Públicas.
