Cámara: Constitución visa aumento de plazo de detención para expulsión administrativa

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Jaime Mulet Pdte Constitucion

(www.camara.cl)


Permitir la detención por hasta 30 días de un migrante irregular en proceso de expulsión administrativa, es el contenido de la reforma constitucional aprobada por la comisión del ramo (boletín 18314).


La Comisión de Constitución aprobó la propuesta, a partir de diversas indicaciones tanto del Ejecutivo como de parlamentarios, que recogieron que el actual plazo máximo de 5 días es insuficiente para poder concretar el proceso administrativo de expulsión.


En su reemplazo, el texto dispone en la Carta Fundamental que para la materialización de expulsiones administrativas corresponderá a la ley fijar el plazo máximo de detención, el cual no podrá ser inferior a cinco ni superior a treinta días.


Además, se permite la renovación de este plazo hasta en tres oportunidades consecutivas, por un periodo igual o inferior, mediante solicitud fundada de la autoridad administrativa y autorizada judicialmente.


Control judicial

Un punto en discusión fue el incorporar el control judicial. La norma aprobada lo establece a partir de las solicitudes de renovación.


Sin embargo, el diputado Marcos Barraza recordó que el Tribunal Constitucional el año 2021 declaró inconstitucional un proyecto anterior que ampliaba el tiempo de detención, porque esto debía estar sujeto a control judicial.


Por ello, a su entender, una retención mayor a 5 días debe ser siempre por medio de una autorización judicial. Igualmente, recordó que en casos de delitos asociados a terrorismo el plazo de detención es de 10 días. Por ende, parece excesivo fijar plazos superiores para personas que se presume no han cometido ningún delito salvo el ingreso irregular.


Por el contrario, diputados como José Antonio Kast y Luis Sánchez plantearon que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos de reclamación como el recurso de amparo. Además, fijar un control previo obligatorio desvirtúa la figura de expulsión administrativa y la transfiere al ámbito judicial, lo cual tiene otro procedimiento. Sin embargo, sí se manifestaron de acuerdo en que las renovaciones queden sujetas a dicho control.


Tras la aprobación del texto, los diputados Lorena Fries y Marcos Barraza hicieron reserva de constitucionalidad a la propuesta.


europapress