Tarea titánica
Sr. Director,
La discusión legislativa sobre el pago a 30 días pone sobre la mesa una realidad que quienes trabajamos con pymes conocemos bien desde la industria farmacéutica local, pero que rara vez se dimensiona en su verdadera magnitud.
Una pyme debe planificar su abastecimiento con meses de anticipación. Para ello, compra insumos que normalmente paga al contado o a 30 días, porque su capacidad de negociación frente a proveedores es baja. A eso se suma el inventario, que debe financiar durante 3 a 5 meses antes de poder venderlo. Si luego un cliente le impone condiciones de pago a 90 días, esa pyme debe ser capaz de financiar hasta 9 a 12 meses de operación antes de recuperar su propia inversión.
Para esa empresa no existe un portafolio diversificado de negocios ni una tesorería que amortigüe el ciclo. Su negocio es uno solo, y en él está puesto el esfuerzo completo de sacar adelante su empresa y, a través de ella, a varias familias que dependen de su continuidad.
La pregunta que todo legislador debiera hacerse es simple: ¿qué alternativa real tiene una pyme frente a esta situación? La respuesta, hoy, es casi ninguna. Y cuando quien impone esos plazos extendidos es el propio Estado de Chile —el actor con mayor capacidad de pago y mayor responsabilidad de dar el ejemplo—, el llamado a la acción del legislador deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
Avanzar hacia el pago a 30 días no es una concesión a las pymes; es corregir una asimetría estructural que hoy financian, sin quererlo, quienes menos condiciones tienen para hacerlo.
Claudia Papic,
vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos
