Integridad: el piso mínimo que Chile debe exigir

Cada cierto tiempo, Chile vuelve a enfrentarse a una secuencia que ya parece conocida: ministros, subsecretarios, seremis, alcaldes o altos directivos públicos dejan sus cargos en medio de cuestionamientos. Algunas veces existen investigaciones judiciales; otras, conflictos de interés, errores administrativos, conductas impropias o situaciones personales incompatibles con la responsabilidad que ejercían. La reacción suele ser la misma: se habla de probidad.

Sin embargo, la contingencia demuestra que la probidad ya no alcanza para explicar lo que hoy la ciudadanía espera de quienes ejercen el servicio público.

Por supuesto que la probidad sigue siendo indispensable. Regula el correcto uso de los recursos públicos, las incompatibilidades, los conflictos de interés y el cumplimiento de la ley. Pero deja fuera una dimensión igualmente decisiva: la conducta cotidiana de las personas. No mide el respeto hacia los equipos, el uso responsable del poder, la coherencia entre el discurso y las acciones, ni la capacidad de actuar correctamente cuando nadie observa.

Ese concepto tiene un nombre: integridad.

No es un término más elegante para referirse a la probidad. Es un estándar superior. Una persona íntegra no solo cumple la ley; también actúa con honestidad, respeto, coherencia y responsabilidad en cada decisión que adopta, dentro y fuera de su cargo.

Durante los últimos veinte años, Chile ha visto desfilar casos tan distintos como SQM, Caval, los Convenios, Democracia Viva y otras controversias que han afectado a gobiernos de distintos signos políticos. A ellos se suman numerosas renuncias recientes motivadas por conductas personales, denuncias de maltrato, faltas administrativas o conflictos éticos que, aun cuando no siempre constituyen delitos, generan un profundo daño a la confianza pública.

Y todos esos episodios terminan agrupados bajo una misma etiqueta: probidad.

Pero el problema es más amplio. La ciudadanía ya no solo espera que sus autoridades no roben. Espera que sean personas confiables. Que ejerzan el poder con responsabilidad. Que respeten a quienes trabajan con ellas. Que comprendan que un cargo público no entrega privilegios, sino mayores exigencias.

Ese cambio de expectativas obliga también a cambiar el lenguaje.

Si seguimos evaluando únicamente la probidad, siempre llegaremos tarde. La probidad suele actuar cuando el problema ya ocurrió y corresponde investigar responsabilidades. La integridad, en cambio, comienza mucho antes: en la selección de las personas, en la cultura organizacional y en los estándares que cada gobierno define para quienes representan al Estado.

No se trata de crear nuevas leyes. Se trata de elevar el umbral con el que evaluamos a quienes administran la confianza de millones de ciudadanos.

Porque la confianza no se pierde únicamente por un delito. También se erosiona cuando las autoridades muestran incoherencia, abuso de poder, falta de respeto o comportamientos incompatibles con la responsabilidad que asumieron.

En comunicación estratégica solemos decir que la reputación no se construye con discursos, sino con conductas consistentes. Lo mismo ocurre con las instituciones públicas. Cada renuncia no solo afecta a una persona; también impacta la credibilidad del gobierno, del Estado y de la democracia.

El desafío ya no es exigir solo probidad. El verdadero desafío es instalar la integridad como el nuevo estándar del servicio público. Porque las leyes pueden sancionar las faltas, pero solo la integridad sostiene la confianza, protege la reputación de las instituciones y fortalece la democracia.

Por Enrico González-Adasme

Director Corporativo de Comunicaciones

Universidad Autónoma de Chile