Infraestructura, clave para la gestión de los residuos
El último informe del Ministerio de Salud, sobre el estado de los sitios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios en Chile ponen sobre la mesa una realidad insostenible. Cuando una proporción significativa de estas instalaciones presenta incumplimientos normativos o enfrenta dificultades para operar, el problema deja de ser exclusivamente ambiental. Trasciende la salud pública y se transforma en un desafío para el desarrollo del país.
La basura tiene una particularidad: desaparece rápidamente de nuestras casas, pero no del territorio. Basta que el camión de recolección se la lleve para que, tendamos a pensar que el problema quedó resuelto. Sin embargo, es precisamente ahí donde comienza el reto más complejo: transportar, tratar y disponer millones de toneladas de residuos bajo adecuados estándares ambientales, con infraestructura suficiente, financiamiento y reglas claras para todos los actores.
Durante décadas, nuestro país ha enfrentado este desafío como una responsabilidad principalmente municipal. Ese diseño pudo responder a una realidad distinta, pero hoy muestra signos de agotamiento y datos reveladores: de los 102 centros que hay en el país, solo 43 son rellenos autorizados, según la cartera de salud.
Las municipalidades enfrentan crecientes dificultades para planificar y financiar el servicio, desarrollar infraestructura o enfrentar conflictos territoriales. Al mismo tiempo, diversos rellenos sanitarios se acercan al término de su vida útil. La gestión de los residuos se ha convertido en un desafío de escala nacional que requiere planificación territorial, regulación técnica y una mirada de largo plazo.
Así como nadie cuestiona que el agua potable, la electricidad o las carreteras requieren planificación, resulta difícil sostener que la gestión de los residuos —que debería considerarse un servicio público esencial— pueda seguir operando bajo una lógica distinta. Por eso, este servicio no puede depender de soluciones transitorias ni de capacidades desiguales entre territorios, sino de una política pública que garantice continuidad operacional, estándares ambientales homogéneos y llevar adelante las obras de infraestructura que el país requiere.
Esa discusión también exige abordar un tema que suele evitarse: el financiamiento. Ningún servicio público de calidad es gratuito. Invisibilizar su costo solo perpetúa un sistema sin incentivos para reducir la generación de desechos domiciliarios, dificulta la inversión y limita la corresponsabilidad ciudadana.
El principio de que "el que contamina paga" no debe entenderse únicamente como un mecanismo de cobro, sino como una expresión de responsabilidad compartida para construir un sistema más eficiente y sostenible. Esa responsabilidad también exige planificar la infraestructura necesaria con una visión de largo plazo: instalaciones emplazadas fuera de zonas de riesgo, preparadas para enfrentar eventos climáticos cada vez más extremos y reiterados, y con capacidad para responder al crecimiento sostenido en la generación de residuos.
Si somos capaces de reconocer que la gestión de residuos necesita infraestructura, podremos dejar de administrar emergencias para comenzar a construir una política pública moderna, sostenible y de largo plazo.
Estefanía Rodríguez R.
Cientista política
Asesora Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
