Estrategia en el debate universitario: El verdadero valor de una acreditación

La acreditación institucional es mucho más que un procedimiento administrativo, puesto que constituye la principal señal pública mediante la cual una institución de educación superior acredita ante sus estudiantes, sus familias y la sociedad que desarrolla su proyecto educativo con estándares de calidad, consistencia y responsabilidad. Detrás de esa certificación existe un proceso riguroso de evaluación, en el que intervienen pares académicos y un organismo técnico encargado de emitir un juicio sobre la solidez institucional, la capacidad de gestión y el cumplimiento de los criterios establecidos por la legislación. Precisamente por ello, el verdadero valor de una acreditación no radica únicamente en los años que se le otorgan a una institución, sino en la confianza que ese juicio técnico es capaz de generar y sostener en el tiempo.

Por esa razón, cuando una institución no obtiene la acreditación que espera o cuando una decisión inicial es posteriormente modificada a través de los mecanismos de revisión contemplados por la normativa, la discusión trasciende el ámbito jurídico, pues lo que comienza a estar en juego es la confianza pública en el sistema de aseguramiento de la calidad y en la consistencia de las decisiones que este adopta.

En Chile, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) evalúa a las instituciones conforme a criterios y estándares establecidos, considerando la autoevaluación institucional, la visita de pares externos y el análisis técnico de sus comisiones especializadas. Como todo sistema que resguarda el debido proceso, la legislación contempla instancias de reposición y apelación, cuya existencia constituye una garantía legítima; sin embargo, el desafío no radica en esos mecanismos, sino en la percepción que generan sus resultados, pues cuando una decisión final difiere sustancialmente del juicio técnico inicial resulta indispensable que las razones del cambio estén claramente fundamentadas y sean comprensibles tanto para las instituciones involucradas como para la ciudadanía. De lo contrario, el debate deja de centrarse en la calidad de una universidad para trasladarse a la consistencia del propio sistema de aseguramiento de la calidad.

La legitimidad de un organismo técnico no exige decisiones inmutables, pues toda evaluación compleja puede ser revisada cuando existen antecedentes suficientes para ello o cuando corresponde corregir una apreciación inicial. La fortaleza del sistema radica, precisamente, en que esas modificaciones sean plenamente explicables, identificando con claridad los nuevos elementos que justificarían alterar el juicio originalmente adoptado, ya que esa transparencia no debilita la autoridad técnica, sino que constituye uno de los principales factores que la fortalecen.

Cuando esa explicación resulta insuficiente o difícil de reconstruir, es natural que surja la percepción de que una decisión inicial puede representar solo una etapa transitoria del proceso. Ello no porque las apelaciones sean improcedentes ni porque las instancias de revisión deban desaparecer, sino porque se espera que cualquier modificación responda a fundamentos técnicos objetivos, consistentes y verificables, entendiendo que la confianza en las instituciones no se construye sobre la ausencia de rectificaciones, sino sobre la claridad con que estas se fundamentan y comunican.

Las consecuencias de esa percepción trascienden a las instituciones directamente involucradas, pues la coherencia del sistema constituye una condición esencial de equidad para aquellas universidades que cumplen los estándares desde la primera evaluación. Al mismo tiempo, la acreditación representa para los estudiantes y sus familias una referencia fundamental al momento de decidir dónde estudiar y, para el Estado, un instrumento relevante tanto para el diseño de políticas públicas como para la asignación de recursos. Cuando la consistencia de las decisiones comienza a ser objeto de dudas, la señal de calidad pierde parte de la fortaleza que le da sentido al sistema.

El aseguramiento de la calidad ocupa hoy un lugar central en el desarrollo de la educación superior chilena, particularmente desde la incorporación de nuevos criterios y estándares que han elevado las exigencias en ámbitos como la gobernanza, la gestión estratégica, el aseguramiento interno de la calidad y la sostenibilidad institucional. Este proceso ha contribuido a fortalecer el sistema, pero también ha incrementado la responsabilidad de que sus decisiones mantengan la consistencia y solidez técnica que la comunidad académica y la sociedad esperan de ellas.

La fortaleza de un sistema de acreditación no se mide únicamente por la rigurosidad de sus procedimientos ni por la existencia de mecanismos de revisión, sino también por la confianza que genera y preserva, ya que una acreditación no solo certifica la calidad de una universidad, sino que también refleja la credibilidad de las instituciones encargadas de resguardar la calidad del sistema de educación superior.

Prof. Luis A. Riveros, Profesor Emérito, Universidad de Chile; 

Prof. Nassib Segovia, especialista en educación superior, académico UNIACC.