La Comisión de Medio Ambiente escuchó la exposición de la Fundación Escazú Ahora, que analizó la situación de las y los defensores ambientales en Chile durante 2025.
El estudio registra casos de agresiones sufridas por personas defensoras ambientales, a partir de contacto directo, encuestas anuales y revisión de medios. La fundación advirtió que se trata de un registro muestral y que podrían existir más casos que no han sido denunciados.
Informaron que, durante 2025, se registraron 72 agresiones contra 67 personas defensoras ambientales, la cifra más alta observada desde 2023. Esto representa un aumento del 148,2% respecto del año anterior, con mayor concentración de casos en la región Metropolitana y en La Araucanía. Además, señalaron que las agresiones más frecuentes fueron la difamación (36,1%) y la violencia física (33,3%).
Precisaron que el 82,9% de quienes denunciaron no obtuvo una respuesta suficiente por parte del sistema de justicia, en tanto que un 31,5% optó por no realizar ninguna acción legal tras sufrir una agresión. Entre quienes sí denunciaron, aumentó el número de presentaciones ante la Fiscalía, pasando de 8,51%, en 2024, a 16,4%, en 2025.
Discrepancias sobre agresiones
El diputado Gustavo Gatica valoró la exposición y destacó la importancia de que este tipo de antecedentes sean conocidos por la comisión. Asimismo, manifestó su preocupación por las situaciones de violencia que han afectado a personas defensoras del medio ambiente en el país.
Consideró que las cifras presentadas son preocupantes, especialmente, considerando que América Latina es una de las regiones con mayores niveles de violencia contra quienes ejercen labores de defensa ambiental. Además, advirtió sobre el alto porcentaje de personas que no denuncian las agresiones sufridas, situación que, a su juicio, las deja en un estado de indefensión y dificulta que el Estado tome conocimiento de estos hechos.
Por ello, estimó que existe un espacio donde el Poder Legislativo puede contribuir, impulsando medidas que fortalezcan la protección de las personas defensoras y mejoren los mecanismos de acceso a la justicia.
Por su parte, el diputado Leandro Kunstmann cuestionó las cifras presentadas por la organización y sostuvo que, en muchas ocasiones, se instrumentalizan tragedias humanas. Como ejemplo, mencionó el caso de Julia Chuñil. Así, evaluó que antes de que existan conclusiones judiciales se instalan determinadas narrativas sin conocer aún los resultados de las investigaciones.
El parlamentario observó debilidades metodológicas en los informes y estadísticas presentados. De ahí que llamó a actuar con cautela al analizar este tipo de antecedentes y pidió sopesar los efectos que pueden generar las denominadas “funas” cuando aún no existe claridad sobre los hechos.
Asimismo, cuestionó que durante la exposición se utilizara el concepto de “causas en trámite”, ya que, a su juicio, ello podría interpretarse como un indicio de agresión o como una falta de respuesta por parte del sistema de justicia. Sin embargo, sostuvo que, en muchos casos, una investigación permanece en trámite porque no existen antecedentes suficientes para adoptar una decisión, lo que no implica necesariamente que la persona denunciante haya sido discriminada.
