(www.camara.cl)
La Comisión de Economía de la Camara Baja inició la discusión general del proyecto (boletín 18286) que modifica la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, además de otros cuerpos legales relacionados. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca actualizar el marco normativo para adecuarlo a la creciente digitalización de trámites y transacciones.
Entre sus principales medidas, el proyecto establece que los documentos suscritos con firma electrónica tendrán la misma validez jurídica que aquellos firmados en papel. Asimismo, incorpora el sellado de tiempo para certificar la fecha y hora de suscripción de los documentos electrónicos.
La propuesta también permite reemplazar la certificación notarial de firmas por firma electrónica avanzada en determinados casos, fortalece el valor probatorio de los documentos electrónicos ante los tribunales y habilita la emisión de pagarés y letras de cambio electrónicos con mérito ejecutivo.
Según los fundamentos de la iniciativa, las modificaciones buscan impulsar la transformación digital, reducir costos y simplificar trámites para personas y empresas, resguardando, al mismo tiempo, la seguridad jurídica de las transacciones electrónicas.
Firma electronica y modernización digital
Durante la sesión, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicaron que el proyecto permitirá reemplazar la certificación notarial de firmas por mecanismos digitales cuando la intervención del notario tenga como único objetivo acreditar la identidad del firmante. Para ello, la iniciativa contempla el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) y el sellado de tiempo, herramientas que buscan otorgar mayor certeza jurídica a los documentos electrónicos.
Las autoridades también destacaron que la propuesta habilita la emisión de pagarés y letras de cambio electrónicos con mérito ejecutivo.
Remarcaron, asimismo, que la reforma busca adecuar la legislación a una realidad en que gran parte de las transacciones, servicios financieros y trámites ya se realizan de manera digital, manteniendo la intervención notarial únicamente en aquellos actos donde aporte un valor jurídico relevante.
En la jornada también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Explicó que la iniciativa apunta a modernizar el marco normativo vigente y reducir las exigencias de presencialidad en actos y contratos. Dijo que, adicionalmente, va en la línea de disminuir los costos de transacción y fortalecer la seguridad jurídica de los documentos electrónicos.
Rabat destacó que un trámite notarial demora, en promedio, una hora y trece minutos, por lo que la propuesta busca facilitar el uso de herramientas digitales y simplificar diversos procedimientos.
El secretario de Estado resaltó que el proyecto incorpora figuras que permiten sustituir la intervención del notario cuando su función se limite a autorizar o certificar firmas. Además, establece nuevas reglas para la valoración probatoria de los documentos electrónicos y elimina barreras que hoy dificultan el uso de instrumentos de crédito digitales.
Observaciones
El diputado Diego Schalper señaló que el proyecto busca dinamizar las actividades económicas de distintos actores, especialmente, de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, destacó la importancia de contar con mecanismos digitales más ágiles para aquellas personas que, muchas veces, enfrentan dificultades para desenvolverse en procesos administrativos complejos.
A su juicio, la propuesta contribuirá a dinamizar y fortalecer la economía digital, junto con avanzar hacia la construcción de un Chile más digital.
Por su parte, la diputada Carolina Cucumides planteó que, si bien es necesario avanzar en esta materia, también se debe considerar la diversidad territorial del país y las brechas de conectividad que aún existen en distintas zonas. Afirmó que este aspecto debe estar presente durante la tramitación del proyecto.
La parlamentaria sostuvo que la iniciativa no puede dejar de lado a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores rurales, las que también deben ser consideradas en el proceso de modernización. Asimismo, llamó a abordar la situación de aquellas personas que no cuentan con los recursos o las herramientas para acceder a este tipo de tecnologías.
Por ello, pidió buscar alternativas que permitan equiparar las condiciones de acceso y avanzar gradualmente hacia un sistema más moderno, resguardando la equidad territorial y evitando que sectores de la población queden excluidos de los beneficios de la transformación digital.