Defraudación
Se investiga la comisión de un hurto que perjudica a todos los chilenos y chilenas. Se acusa que CODELCO habría registrado falsamente un aumento de producción a fines del año pasado, con el objeto de que sus directivos y trabajadores se hicieran acreedores de un bono por ”productividad”. Por esta razón, más de 6.000 trabajadores y ejecutivos deberían devolver cerca de 12.500 millones de pesos tras detectarse una sobre estimación de casi 27.00 toneladas de producción en los registros de 2025. Esto se encuentra bajo investigación, pero si es tan grave como se anticipa, ello amerita las más severas sanciones, aparte de la devolución de lo defraudado, al tratarse de recursos que pertenecen a todos los habitantes del país. Más grave aun cuando la situación fiscal del país es extremadamente débil, llevando a esfuerzos que aún se discuten para reducir el gasto público y disminuir el significativo déficit existente. La fe pública de la que debe ser depositaria una empresa del Estado de Chile ha sido vulnerada de manera inaceptable y eso debe castigarse de modo ejemplar.
No faltarán los que propicien algún grado de indulgencia al acto fraudulento sobre la base de argumentos de simpatía con el movimiento sindical, de solidaridad política con quienes habrían urdido la perpetración del delito o por el desconocimiento de quienes fueron los directamente beneficiados. No faltarán los silogismos jurídicos en cualesquiera de estos ámbitos argumentales. Pero el juicio moral sobre lo que se habría cometido, más allá de sus connotaciones específicas debe ser el factor vital para una debida condena. Tampoco escasean los argumentos que ven en este desgraciado hecho una pura consecuencia de la calidad de empresa del Estado, con poca debida supervisión por parte de sus dueños, como sí habría ocurrido si fuese una entidad privada. En este contexto se postula, como una derivada, la necesidad de privatizar a CODELCO, porque se suma a estos hechos deleznables la baja productividad y escasa innovación del ente estatal comparativamente a las empresas privadas de la gran minería. No parece aceptable que el argumento de privatización se base en este hecho deleznable que envuelve decisiones tomadas por personas, y que indudablemente ameritaría mejorar los sistemas de auditoría y control de gestión. En cualquier caso, falta aún investigar si este se trataría de un hecho puntual sólo acaecido a fines de 2025 o que, más bien, lo mismo habría tenido lugar también en otros períodos anteriores sin que los mecanismos de control los hayan tampoco detectado. El Directorio de CODELCO por su falta de supervisión efectiva debe hacerse responsable del delito perpetrado contra el interés de la empresa y del país.
El hecho acaecido en CODELCO se suma a las múltiples evidencias de irregularidades acaecidas con el llamado caso “Fundaciones”. En este contexto fue también una cantidad significativa de dinero que desapareció bajo una serie de operaciones maliciosas, las cuales están también bajo investigación. Se acusa que las transferencias indebidas en este caso estarían cerca de los $90.000 millones de pesos. Sumado al caso de CODELCO, se trata de mucho dinero el que se ha restado de los ingresos fiscales, y que ahora es requerido para generar un ahorro fiscal necesario para no incentivar mayores perjuicios desde lo macroeconómico. Por supuesto esto ha levantado acusaciones cruzadas desde quienes ponen de relieve la falta de recursos por las extracciones ilegales, a aquellos que lamentan los recortes y los denuncian como una acción puramente ideológica. En este debate no es el país el que gana, y ciertamente no constituye una base para educar en probidad a las nuevas generaciones. La defraudación de caudales públicos debe ser un delito que amerite las más severas penas efectivas.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
