(www.camara.cl)
Exponer sobre los criterios normativos, técnicos y administrativos para el reconocimiento de comunidades indígenas. Con este objetivo participó en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig.
La instancia solicitó su presencia luego de recibir las inquietudes de la presidenta de la Comunidad Indígena de Atacama Colla Pai Ote, Ercilla Araya. Hace algunas semanas, la dirigenta planteó el impacto que tiene la proliferación de comunidades indígenas que, a su juicio, carecen de un vínculo territorial efectivo pero que, igualmente, son incorporadas en procesos de consulta indígena asociados, en particular, a proyectos extractivos en la región de Atacama.
En dicha sesión, describieron el fenómeno como “comunidades de papel. Y, en esta línea, alertaron de malas prácticas como la fragmentación de comunidades legítimas que, manteniendo un mismo origen territorial, se subdividen en múltiples organizaciones. El objetivo de este accionar es participar reiteradamente en procesos de consulta y acceder a beneficios asociados.
También señalaron la existencia de “comunidades invasoras territoriales”. Estas son las que, siendo legítimas en sus territorios de origen, extienden artificialmente su ámbito de influencia hacia zonas donde no han tenido presencia histórica.
Exposición de la Conadi
En el encuentro de esta jornada, el director de la Conadi explicó el proceso para el reconocimiento de comunidades indígenas. Sobre la materia, reconoció que existen comunidades creadas sin asiento territorial. Sostuvo que esta situación no es avalada por la Conadi, pero observó que es una práctica identificada y que requiere una modificación legal para mejorarla.
En todo caso, según se informó, la corporación está revisando el listado oficial de comunidades. Esta medida también permitiría priorizar de forma correcta a las comunidades que esperan por compra de tierras.
Frente a tal escenario, las y los diputados acordaron solicitar por oficio a la Conadi las modificaciones legislativas necesarias para corregir esta situación. Asimismo, requirieron el respaldo del Ejecutivo para aquellas medidas que incurran en gasto público.