Diputado Irarrázaval denuncia ante Contraloría “vacaciones pagadas” del hermano del ex Presidente Boric financiadas por la empresa china Huawei
Tras la controversia nacional por los vínculos del Gobierno del ex Presidente Gabriel Boric con empresas chinas —particularmente a raíz del proyecto de cable internacional—, el diputado Juan Irarrázaval presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Universidad de Chile, solicitando que se investiguen posibles irregularidades administrativas en el viaje realizado por Simón Boric —hermano del exmandatario— al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, entre febrero y marzo de 2022, financiado por Huawei.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la presentación, el hermano del ex Presidente participó en dicha instancia internacional en representación de la casa de estudios en un contexto en que —según se expone— no existiría un acto administrativo que formalice y autorice su salida del país en comisión de servicio, cuya exigencia está establecida para los funcionarios públicos y que tiene por objeto resguardar la legalidad de su desempeño y la debida justificación de su ausencia laboral.
El parlamentario subrayó que este tipo de exigencias no constituye una mera formalidad, sino un elemento esencial para garantizar el control, la transparencia y la sujeción a la ley en el funcionamiento de las instituciones públicas. “Estos estándares deben cumplirse y acreditarse por transparencia y probidad de una institución pública, pues evitan conflictos de interés. ¿Qué pasa por ejemplo si la empresa en cuestión fuera proveedora de la Universidad?”, afirmó.
La denuncia también pone el foco en antecedentes que generan dudas sobre la del viaje. En particular, se hace referencia a la invitación extendida por la empresa Huawei, en la que Simón Boric es identificado como “Jefe de Gabinete de Rectoría” en una fecha en la que —de acuerdo con registros administrativos citados— aún no ejercía dicho cargo, situación que, según se plantea, requiere una revisión exhaustiva por parte de los organismos de control.
“Acá hay muchas explicaciones que dar, no se ha transparentado en qué calidad viajó Simón Boric, tampoco si contó con una autorización institucional formal ni qué funciones oficiales habría cumplido durante ese viaje. No existe un informe público que dé cuenta de actividades realizadas ni constancias administrativas que permitan verificar su carácter institucional. En estas condiciones el viaje más parecen vacaciones pagadas que viaje oficial. Esta opacidad es grave y erosiona la confianza pública” expresó Irarrázaval.
Asimismo, el parlamentario indicó que el caso adquiere especial relevancia considerando que el funcionario tenía la calidad de persona políticamente expuesta al momento de los hechos, lo que —a su juicio— obliga a tener un estándar particularmente riguroso en el cumplimiento de las normas. “Cuando se trata de personas vinculadas al entorno del poder, los estándares no pueden bajar: tienen que ser más altos. Justamente en esos casos es donde la probidad debe ser más exigente y más visible, acá se trata de un familiar directo del ex Presidente de la República que estaba ya electo y a días de asumir. Esto amerita una investigación rigurosa que debe ser esclarecida con total transparencia”, señaló Irarrázaval.
El diputado enfatizó que el financiamiento del viaje por parte de una empresa privada no exime del cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas que rigen a los funcionarios públicos. Por el contrario, sostuvo que este tipo de situaciones exige estándares especialmente estrictos en materia de probidad, transparencia y control institucional. “En el Estado no puede haber espacios para atajos administrativos ni zonas grises. Cuando las reglas no se cumplen o no se acreditan debidamente, lo que está en juego es la confianza en las instituciones públicas”, sostuvo.
En su presentación, Irarrázaval solicitó a la Contraloría que fiscalice los hechos, determine si existieron omisiones o infracciones administrativas y, en su caso, establezca las responsabilidades que correspondan, tanto del funcionario involucrado como de las autoridades de la casa de estudios. “Lo que está en juego es algo fundamental: que en Chile las reglas se apliquen de manera uniforme y sin excepciones. La confianza en las instituciones públicas depende precisamente de eso”, concluyó.
