La militancia estatal y social en las universidades públicas

Las universidades públicas, cumplen un rol esencial en la formación de profesionales de excelencia y en el impulso a la investigación científica y tecnológica con impacto territorial. Además, por mandato legal y por tradición, fortalecen la democracia mediante transparencia, participación, responsabilidad institucional y respeto al Estado de Derecho, junto con garantizar el acceso equitativo a la educación superior y promover la movilidad, como ejes de su compromiso social. Estas universidades no buscan servir a determinados grupos de poder o a determinadas ideologías o credos, sino garantizar que sus egresadas y egresados potencien el desarrollo profesional, científico y cultural, con “la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura”, como lo establece la Ley 21.094, en el marco de la autonomía universitaria.

Por ello, deben tener claridad de propósito debiéndose siempre al Estado y, por tanto, a la sociedad en su conjunto. La universidad estatal es universidad pública. Su compromiso inalienable radica en la producción y socialización del conocimiento para el beneficio colectivo, trascendiendo intereses sectoriales o coyunturales.

Al hablar de universidad pública no se pretende despojarla de su identidad o de su compromiso social. Debe ser un espacio donde el conocimiento se construye desde la evidencia, la investigación rigurosa, el diálogo plural y crítico, y no bajo la imposición de una visión ideológica o de pequeños grupos de poder real o simbólico. Este principio de pluralidad y objetividad es fundamental para que las universidades estatales, en su rol distintivo frente a las privadas, puedan garantizar la producción de bienes públicos esenciales para la nación, sin que esto se vea limitado por intereses particulares.

Son los académicos -a través de los procesos eleccionarios- próximamente en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile, quienes deben cautelar este espacio de libertad y de reflexión privilegiado, procurando expandir las fronteras del conocimiento, exigiéndose y exigiendo un alto nivel académico, generando oportunidades de conocimiento aplicado e innovando en metodologías de enseñanza que aseguren aprendizajes significativos.

Su oferta académica y sus líneas de investigación deben estar orientadas a satisfacer las demandas estratégicas del país. Esa es su doctrina y única militancia. La instrumentalización de las casas de estudio por facciones políticas o económicas socava la autonomía universitaria y compromete su misión fundamental de fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda desinteresada del saber., por ello la autonomía universitaria debe ejercerse como un espacio de responsabilidad cívica y ética, donde la libertad académica esté al servicio del conocimiento y el desarrollo del país. 

En tiempos en que la polarización amenaza con fragmentar la sociedad, las universidades públicas tienen la oportunidad de ser un punto de encuentro. Allí donde las ideologías dividen, el conocimiento puede unir. Allí donde los intereses particulares buscan imponerse, la evidencia científica puede ofrecer caminos comunes.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido 

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Rodrigo Vidal Rojas

Profesor Titular e investigador

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile