Hoja de ruta para la planificación territorial
La publicación del Decreto Supremo 243 pone en marcha el reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), la herramienta técnica que define los usos del suelo en las áreas rurales de cada región.
A diferencia de otros instrumentos, el PROT establece directrices vinculantes sobre dónde se pueden localizar proyectos de inversión, infraestructura estratégica y servicios básicos. Su función principal es zonificar el territorio extraurbano, identificando áreas de aptitud productiva, zonas de riesgo natural y espacios de protección ambiental, convirtiéndose así en el marco normativo que ordena el despliegue físico del desarrollo regional
El corazón de este decreto radica en su capacidad de dotar de orden al crecimiento mediante pilares, con la jerarquía del PROT como plan rector a treinta años, el liderazgo político de los gobernadores y la obligatoriedad de sus zonificaciones, integrando además la participación ciudadana temprana y la evaluación ambiental estratégica.
Sin embargo, la transición desde la normativa hacia una ejecución efectiva amerita un análisis riguroso sobre las capacidades instaladas, las certezas que requiere el sector privado y los apoyos institucionales para que este instrumento se transforme en un motor de desarrollo y no en un obstáculo.
Un plan de ordenamiento eficiente debiese actuar como un facilitador de la inversión, dando certezas jurídicas, despejando dudas sobre la aptitud del suelo y reduciendo la discrecionalidad, permitiendo que las metas de desarrollo nacional estén alineadas con las vocaciones productivas de cada territorio a través de un diálogo técnico y constante.
¿Está el país preparado para este desafío? La respuesta requiere identificar los apoyos técnicos fundamentales que hoy son imperativos para los tomadores de decisiones. Considerar la necesidad de una transferencia tecnológica robusta hacia las regiones que concentre bases de datos, y el fortalecimiento de las unidades de gestión de proyectos permitiría que los Gobiernos Regionales operen con información actualizada; y al mismo tiempo cuenten con equipos que puedan mirar el largo plazo y dialogar de "par a par" con la industria, traduciendo las necesidades técnicas en soluciones.
Finalmente, sería importante un compromiso de alineación ministerial explícito de las carteras asociadas a infraestructura pública.
La eficiencia de esta política pública podremos medirla por su fuerza de implantación y su capacidad de mejorar la calidad de vida de quienes reciben el beneficio. Una infraestructura proyectada a partir de esta perspectiva tiene una mayor probabilidad de éxito, pues nace de una validación que minimiza la resistencia social y optimiza el uso de recursos.
Esta implementación representa un desafío importante para los gobernadores y necesitará la visión estratégica entre el sector público y el privado que trascienda los ciclos políticos, transformando el PROT en una hoja de ruta operativa que dote de predictibilidad a la inversión y de certezas a los modelos de gobernanza para potenciar la competitividad y consolidar un sistema territorial equilibrado.
Antonia Bordas
Geógrafa y asesora
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
