Antonia Bordas

Durante años se ha entendido la infraestructura como una herramienta para impulsar crecimiento económico. Carreteras, puertos, aeropuertos, embalses o redes energéticas fueron concebidos desde la lógica de aumentar productividad y conectar mercados. Y aunque esa mirada permitió avances importantes, hoy resulta insuficiente para enfrentar los desafíos del desarrollo territorial.

En las últimas semanas, el Corredor Bioceánico del norte del país ha vuelto a ocupar un lugar relevante en la discusión pública. Con razón. Se trata de una de las iniciativas de integración más importantes de América del Sur, llamada a conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través de una red logística que acercará el corazón productivo del continente a los mercados del Asia-Pacífico.

La publicación del Decreto Supremo 243 pone en marcha el reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), la herramienta técnica que define los usos del suelo en las áreas rurales de cada región.

Existe la creencia de que el diálogo debe conducir a un acuerdo unánime en la primera mesa de trabajo. Esta expectativa es, a menudo, el mayor obstáculo para la participación. El valor real de estas instancias no radica en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de visibilizar factores territoriales y humanos que, de otro modo, permanecerían ocultos.

La gestión de residuos domiciliarios en Chile enfrenta desafíos urgentes relacionados con la falta de infraestructura adecuada, gobernanza ineficiente y escasos incentivos económicos para promover el reciclaje y la economía circular. La solución requiere una política pública sólida que integre esfuerzos multisectoriales, fomente la participación ciudadana y garantice condiciones laborales dignas para los recolectores.

Hace algunos días, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt) finalizó el proceso de diálogo nacional para el desarrollo de la política pública "Habitar de forma sostenible el territorio rural", donde participaron la sociedad civil, el sector público y privado, con el objetivo de hacer diagnósticos y promover cursos de acción ante la creciente proliferación de parcelaciones en terrenos rurales.