Bruselas investiga la legalidad de ayudas públicas francesas a EDF para nuevos reactores nucleares
La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad para aclarar si las ayudas públicas que el Gobierno francés prevé otorgar a Électricité de France (EDF) para la construcción de seis nuevos reactores nucleares están en línea con los límites que establecen las reglas comunes sobre ayudas de Estado.
Bruselas aclara en un comunicado que cada Estado miembro es libre de elegir su fuente matriz de energía --la nuclear en el caso de Francia-- y que el inicio de un expediente de este tipo es habitual en casos "complejos".
El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando Francia notificó al Ejecutivo comunitario su intención de apoyar el proyecto para construir y operar seis nuevos reactores nucleares, que tendrían una capacidad total de producción de electricidad de 9.990 megavatios.
Está previsto que los reactores en cuestión se ubiquen de dos en dos en centrales ya existentes, a saber, las de Penly, Gravelines y Bugey; con el objetivo de que entren en funcionamiento entre 2038 y 2044, con una vida útil de 60 años y un coste total de construcción de 72.800 millones de euros.
Según indica Bruselas en un comunicado, el objetivo del proyecto es reforzar la seguridad del suministro eléctrico para Francia y los países vecinos, así como contribuir a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Con todo, para su explotación se creará una empresa 100% propiedad de EDF, grupo que propietario y operador de todas las centrales en territorio galo.
En este contexto, Francia plantea tres medidas de apoyo, que incluyen un préstamo subvencionado a un tipo de interés preferencial que cubre el 60% de los costes estimados de construcción, un contrato bidireccional a 40 años por diferencia para garantizar ingresos estables para las centrales eléctricas y un mecanismo de reparto de riesgos con una lista precisa de eventos.
A EXAMEN SU IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD
Los servicios comunitarios ven necesario el proyecto, pero quieren analizar en detalle "la idoneidad y proporcionalidad del paquete de ayudas" para asegurar que no excede lo "estrictamente necesario".
En concreto, la Comisión duda de que el paquete de medidas propuesto logre un buen equilibrio entre la reducción de riesgos para facilitar la inversión y el mantenimiento de incentivos para un comportamiento eficiente, que evite al mismo tiempo una transferencia excesiva de riesgos al Estado.
También quiere evaluar el impacto de la medida en la competencia del mercado y si este impacto se minimiza, ya que Bruselas teme que pueda consolidar o reforzar indirectamente el poder de mercado de EDF.
