El shock de oferta por la guerra en Medio Oriente y su impacto en Chile:
Chile, como economía abierta y dependiente de la importación de petróleo, enfrenta nuevamente un shock externo que impacta directamente en los precios de los combustibles. La guerra en Medio Oriente ha generado una disrupción en el suministro global de crudo, elevando los costos internacionales y tensionando las arcas fiscales. Este escenario se suma a crisis previas —COVID-19, guerra en Ucrania y crisis energética de la OPEP+— que ya habían puesto a prueba la capacidad del Estado para amortiguar la volatilidad de las bencinas mediante el MEPCO y políticas fiscales expansivas. La coyuntura actual obliga a reflexionar sobre las medidas más adecuadas y sobre las lecciones que Chile puede extraer de experiencias internacionales.
El impacto de este shock de oferta se manifiesta en tres dimensiones. Primero, los precios internos: el alza internacional se traduce en incrementos casi inmediatos, en un contexto donde los impuestos —específico e IVA— representan cerca del 40% del precio final. El MEPCO limita las variaciones semanales a un 2,4%, pero su costo fiscal puede superar los US$ 3.000 millones anuales en períodos prolongados de crisis.
Segundo, las arcas fiscales. Durante la pandemia, el déficit alcanzó -7,7% del PIB por gastos extraordinarios; en la guerra de Ucrania se situó en torno a -2,4% por subsidios y bonos compensatorios; y en la crisis OPEP+ de 2023 hubo una mejora relativa (-1,8%), impulsada por mayores ingresos del cobre y el litio, aunque el gasto energético continuó presionando las cuentas públicas. Hoy, el conflicto en Medio Oriente amenaza con revertir esa recuperación parcial y obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Tercero, las políticas fiscales aplicadas muestran un patrón: subsidios directos en pandemia; refuerzo del MEPCO y bonos focalizados durante la guerra en Ucrania; y ajustes al mecanismo junto con beneficios tributarios en la crisis OPEP+. En todos los casos, el Estado buscó suavizar el impacto en los consumidores, pero con un alto costo fiscal y un aumento sostenido de la deuda pública.
Alemania, durante la crisis energética de 2022, redujo temporalmente impuestos a combustibles y subsidió el transporte público para incentivar alternativas. Japón, desde la crisis del petróleo de los años 70, creó un fondo de estabilización financiado con impuestos especiales en épocas de precios bajos, usado en períodos de crisis. Brasil apostó por la diversificación energética con etanol y biocombustibles, reduciendo su dependencia del petróleo importado. España aplicó bonos de descuento directo en estaciones de servicio, financiados con ingresos extraordinarios de empresas energéticas. Estas medidas muestran que la combinación de subsidios focalizados, diversificación energética y fondos de estabilización puede ser más sostenible que depender exclusivamente de ajustes tributarios como el MEPCO.
El shock actual vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de Chile frente a crisis externas. Aunque el MEPCO ha sido clave para contener la volatilidad, su costo lo hace difícil de sostener en el tiempo. Avanzar hacia un fondo de estabilización energético, diversificar la matriz con biocombustibles y energías renovables, y focalizar subsidios en transporte y hogares vulnerables aparece como una ruta más resiliente. El desafío es doble: proteger a los consumidores en el corto plazo y construir una política energética y fiscal sostenible en el largo plazo.
Edwin Pelayo
Académico Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile
