Médicos del Mundo ha publicado este miércoles una carta, firmada por más de mil profesionales sanitarios, en la que pide a los miembros del Parlamento Europeo y el Consejo que rechacen la propuesta de reglamento para la deportación de migrantes, ya que podría perjudicar gravemente la salud pública.
La organización ha expresado su profunda preocupación por la propuesta de reglamento de retorno, que se votará este jueves y que, de aprobarse, intensificaría las redadas policiales, la detención y la deportación de personas migrantes en situación irregular en Europa, para lo que servicios públicos como los hospitales podrían convertirse en espacios de control migratorio.
Según la carta, el miedo a ser detectadas y deportadas ya lleva a muchas personas sin documentación a retrasar o evitar buscar atención, lo que se traduce en problemas de salud más graves, mayores costes de tratamiento y un aumento de los riesgos para la salud pública.
En este sentido, el reglamento podría agravar esta situación. "Este reglamento corre el riesgo de crear un clima de miedo que alejará a las personas de los servicios sanitarios, con graves consecuencias tanto para los individuos como para los sistemas de salud pública en su conjunto", ha advertido la vocal de Migraciones de Médicos del Mundo, Eva Compes.
Los profesionales sanitarios también señalan que la legislación "amenaza" la ética médica, en concreto, la protección de la confidencialidad de los pacientes, pues podría facilitar el intercambio de datos personales sensibles, incluida información sanitaria, e incluso obligar a denunciar a personas en situación administrativa irregular.
"Nos negamos a convertirnos en instrumentos del control migratorio", afirman los profesionales en la carta, subrayando que su deber es "proteger la salud de todas las personas que necesitan atención, independientemente de su situación administrativa".
La carta destaca que la ampliación de la detención migratoria podría repercutir en mayores riesgos de enfermedades infecciosas, graves problemas de salud mental y enfermedades de por vida. También advierte sobre los planes de establecer centros de deportación fuera de la UE, con garantías limitadas en cuanto al acceso a la atención sanitaria y la protección de los derechos fundamentales.
"Como profesionales de la salud y organizaciones que prestan asistencia sanitaria en situaciones de crisis, no podemos aceptar la creación de un sistema que divide a las personas entre quienes merecen acceso a la salud y quienes no", concluye el escrito.
