(www.mineduc.cl)
La ministra María Paz Arzola asistió este martes a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, para abordar las prioridades del Ministerio de Educación para este periodo de gobierno.
La secretaria de Estado estuvo acompañada por la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, y la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.
La ministra Arzola inició su presentación con un diagnóstico sobre la cartera, relevando que “algunos de los principales programas o asignaciones tienen hoy día un déficit presupuestario”, por lo que se requerirá hacer esfuerzos para subsanarlo. Entre estos programas se incluyen las subvenciones de escolaridad, con un déficit de $269.933 millones, la evaluación de Logros de Aprendizajes, por $11.043 millones, la gestión del Subtítulo 21 (sin considerar los SLEP), por $20.000 millones y los recursos para la operación de los SLEP, por $112.454 millones.
Asimismo, la autoridad del Mineduc destacó “el recorte en materia de educación ya se hizo, no lo hicimos nosotros; es un recorte que heredamos. Esta es una situación en que nosotros ya nos encontramos, y nuestro objetivo es justamente administrar este déficit de tal manera de minimizar el impacto que puede tener en el soporte a establecimientos educativos que entrega el ministerio, en los beneficios que se entrega al estudiante y naturalmente en la operación de los establecimientos”.
Educación escolar
Respecto a las prioridades del gobierno en este nivel educativo, la ministra Arzola explicó que su gestión considera tres ejes orientadores. Uno de estos es accesibilidad, asistencia y continuidad, que incluye acciones para mantener a los estudiantes en el sistema, mejorar la asistencia y reducir las suspensiones de clases.
Arzola relevó que “en general, el sistema escolar es una puerta a la protección del Estado, y por lo tanto queremos dar cuenta de la importancia que tiene la asistencia escolar, no solo en materia de aprendizaje, sino en relación con el bienestar general y que, en definitiva, el ausentismo es una amenaza persistente”.
En esa línea, la secretaria de Estado aseguró que se trabajará en el mejoramiento del sistema de subvenciones para la modalidad educativa de Reingreso, la profundización de la Estrategia “Chile Presente” y el despliegue de apoyos a los establecimientos para identificar a estudiantes con ausentismo crónico.
“Otra propuesta en esta materia es una reforma legal que permita asegurar la continuidad del servicio educativo, que la interrupción de las clases sea siempre excepcional y que sólo responda a casos fortuitos o de fuerza mayor, o sea, acá la regla general para nosotros tiene que ser que las clases tienen que continuar y que no se interrumpan por definitiva cualquier cosa”, sostuvo Arzola.
En el eje de foco en los aprendizajes y la buena convivencia, la ministra de Educación planteó que se abordarán acciones de apoyo a las escuelas con desempeño insuficiente y medio-bajo, fortaleciendo las visitas de la Agencia de Calidad y el apoyo técnico pedagógico del Mineduc. Asimismo, en el ámbito de lectura inicial, una de las prioridades será asegurar que todos los niños aprendan a leer comprensivamente textos apropiados a su edad en 2° básico, mediante apoyo a docentes y evaluaciones periódicas.
Este eje también considera consolidar a los Liceos Bicentenario “como una red nacional de excelencia educativa, con apoyo pedagógico sistemático y liderazgo fortalecido, posicionándolos como modelo de mejora y calidad para la educación pública”.
En convivencia, la ministra Arzola sostuvo que se contempla la continuidad del Programa “A convivir se aprende”, avanzar en la implementación de la Ley de Convivencia Educativa, especialmente lo referido a la participación de los apoderados en el Plan de Gestión de la Buena Convivencia Educativa e incentivar la participación de las familias en la prevención y resolución de conflictos en la escuela; junto con implementar las normas referidas al resguardo de derechos de docentes y promoción del respeto a la autoridad docente.
También se simplificarán normativas y procedimientos de fiscalización para promover que los equipos directivos respondan a los conflictos con soluciones pertinentes y situadas a la realidad de las escuelas.
SAE e implementación de los SLEP
El tercer eje en este nivel se refiere a la generación de más oportunidades de calidad. Al respecto, la autoridad ministerial manifestó que “frente a la escasez de oferta de buena calidad y al congelamiento de alguna manera en el crecimiento de las opciones educativas para la familia, el proceso de admisión cobra especial relevancia. Y este también es un objetivo o es una prioridad de este gobierno y que es modificar aspectos del Sistema de Admisión Escolar, el SAE”.
La ministra Arzola destacó que durante 2025 el Mineduc convocó a una mesa técnica para abordar el SAE “en la cual yo tuve la oportunidad de participar y que identificó una serie de problemas que requieren ser corregidos y nosotros somos conscientes de ese diagnóstico”.
Por otro lado, la secretaria de Estado aseguró que se trabajará en medidas que faciliten la creación de nuevos establecimientos educacionales, en especial, respecto de sostenedores con desempeño alto.
Asimismo, se buscará “asegurar una buena implementación de los SLEP existentes y revisar el calendario de traspaso de los siguientes”. También se examinará la regulación de mecanismos flexibles para adaptarse a las presiones del cambio demográfico y migración (fusiones, anexos, ampliación de reconocimiento oficial).
Educación parvularia
La ministra Arzola relevó la importancia del primer nivel educativo, asegurando que “la evidencia ha sido consistente en enfatizar áreas del desarrollo que son prioritarias y habilitantes respecto de otras en los primeros años de vida (…) Entonces es importante intervenir de forma temprana, especialmente lo que tiene que ver con el lenguaje”.
La secretaria de Estado sostuvo que “hay brechas socioeconómicas en esta materia, además que se expresan tempranamente y que afectan las trayectorias posteriores. Hay un problema también a nivel de el apoyo que reciben o la formación continua que reciben las educadoras de párvulos, en la medida que la inducción y la mentoría que establece la Ley de Desarrollo Profesional Docente se aplica muy poco, específicamente en educadores de párvulos, siendo que este es el principal factor para lograr ganancias en aprendizaje por parte de los niños”.
En este contexto, respecto a los desafíos de calidad, se trabajará en potenciar el desarrollo de las habilidades precursoras de la lectura acordes a cada etapa (en coordinación con la Subsecretaría de Educación); se fomentará el trabajo con familias desde la educación parvularia (en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia) y se diseñará e implementará un plan de cumplimiento para alcanzar la meta asociada al Reconocimiento Oficial al 2034.
En el ámbito del fortalecimiento de la institucionalidad del sector, se diseñará e implementará el Sistema de Información Integrada de Educación Parvularia (SIDEP), para fomentar el trabajo articulado y colaboración de los distintos sostenedores de la oferta pública. A esto se sumarán acciones para impulsar la continuidad de las trayectorias educativas con foco en la transición desde el jardín al colegio y asegurar la asistencia a la educación parvularia de los niños en situación de extrema vulnerabilidad (sistema de protección y cárceles).
Respecto a cobertura, se adecuará el funcionamiento de los establecimientos a las necesidades de las familias, se gestionará la oferta disponible e incentivar la creación de cupos donde se necesite. En relación con financiamiento, se ajustará el sistema que rige este ámbito para que éste responda a las necesidades de los párvulos y no al tipo de sostenedor; junto con supervisar el uso eficiente de los recursos en los establecimientos pertenecientes a la oferta pública.
Educación superior
La ministra Arzola relevó que “el sistema de educación superior se ha masificado, es diverso y tiene un acceso bastante destacado, incluso cuando nos comparamos con países desarrollados. Pero también esto ha sido a costa de un gasto en educación superior muy alto en términos comparativos con estos mismos países y el resultado es la cobertura, un acceso acumulado a los cinco años de egreso del 64%, aunque persisten brechas socioeconómicas”.
Asimismo, destacó que “hay cambios regulatorios de la última década o que han puesto bajo amenaza la sostenibilidad de las instituciones de educación superior y de si bien es positivo que se fortalezcan las regulaciones, hay que tener cuidado con que esas regulaciones no terminen complejizando y desplazando la gestión de las instituciones de educación superior hacia objetivos normativos”.
En este contexto, se trabajará en actualizar la oferta del nivel, alineando los financiamientos disponibles, ya que la gratuidad y los aranceles regulados se estructuran en torno a programas completos, desincentivando salidas intermedias y trayectorias flexibles.
También se revisará la estructura de títulos y grados, que se mantiene inalterada desde los años 90, lo que limita la flexibilidad, la movilidad, la incorporación de trayectorias modulares y acumulativas y desconoce el desarrollo tecnológico. Además, se revisará la duración y eficiencia formativa, ya que hoy los estudiantes demoran en promedio 10,1 semestres, versus los 7,6 formales, lo que implica cerca de 2,5 años adicionales de estudio.
Otro de los focos de gestión será viabilizar instrumentos de financiamiento, por lo que se limitará la expansión de la gratuidad a deciles 7 al 10 hasta asegurar la cobertura de primera infancia; junto con ejercer acciones de cobranza del CAE, focalizado en deudores de alto ingreso. Asimismo, se promoverán alianzas público-privadas para el desarrollo de las instituciones de educación superior.