Criminología y plazos políticos
Sr. Director,
En relación con la meta del gobierno sobre seguridad, que ha fijado un plazo de seis meses para que sus medidas comiencen a mostrar resultados tangibles, es pertinente plantear una reflexión desde la academia y la criminología.
Si bien es valorable el despliegue de operativos conjuntos entre Carabineros y la PDI, así como el refuerzo de controles en fronteras y carreteras, la experiencia internacional nos sugiere cautela. En criminología, consolidar una tendencia a la baja en las manifestaciones delictivas requiere de un diseño institucional que trascienda los marcos normativos. Hablamos de acciones estructurales en el control de cárceles y fronteras, factores que no suelen ceder ante soluciones de corto aliento.
El crimen organizado no es un actor estático; su capacidad de planificación y adaptación le permite generar maniobras que complejizan cualquier efecto inmediato. Por ello, proyectar una reducción sustantiva de la violencia en solo un semestre resulta, técnicamente, complejo. Para que estas medidas "se noten", no solo basta la voluntad política, sino un respaldo robusto en recursos técnicos, financieros y, fundamentalmente, humanos. Actualmente, el personal de nuestras policías y Gendarmería enfrenta una carga laboral crítica frente al aumento de la criminalidad.
La meta planteada es muy interesante, pero debe matizarse. Sin un fortalecimiento real del recurso humano y una estrategia que considere la resiliencia del delito organizado, los plazos gubernamentales corren el riesgo de chocar con la realidad técnica de la seguridad pública.
Juan Castañeda
Investigador, Universidad Autónoma
