(www.pjud.cl)
El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, inauguró el seminario internacional “Innovación, Tecnología y Diseño para una Justicia Centrada en las Personas”, organizado por el Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Lo hizo en representación de la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.
El seminario contó con las palabras de la secretaria general de la UAI, María José de las Heras y con la intervención del organizador, el académico Ricardo Lillo y las panelistas Natalie Anne Knowlton, Associate Director of Legal Innovation, Deborah L. Rhode Center on the Legal Profession, Stanford University (Estados Unidos); y María Claudia Solarte, Senior Lecturer TalTech University, de Estonia.
El encuentro tuvo como objetivo comparar experiencias y perspectivas respecto a la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial para fortalecer el acceso a la justicia para las personas.
En su alocución, el ministro Matus abordó cinco temáticas: el mandato ético y la realidad del uso de IA; las cifras de tramitación en el Poder Judicial chileno; el cambio de paradigma: de la suscripción a la soberanía; la evidencia empírica basada en estadísticas y los desafíos futuros.
“Debemos marcar una diferencia fundamental. Proyectos anteriores como Justa (en desarrollo en el PJUD) se basaban en la compra de suscripciones a proveedores externos y nubes comerciales. Eso implica dependencia y riesgos de privacidad. Lo que hoy estamos desarrollando es IA Soberana. No compramos suscripciones. Estamos operando modelos de lenguaje optimizados que corren 100% offline en el hardware que ya poseemos: en mi propio despacho, este motor judicial procesa la información en un chip M4 de última generación. ¿Por qué esto es vital? Porque garantiza privacidad absoluta: los datos de los ciudadanos no salen de nuestra infraestructura. Y segundo, porque nos da autonomía: no dependemos de licencias extranjeras para cumplir con la ley. Como exige nuestro Código de Ética, el juez debe ser capaz de explicar la tecnología que usa; al ser un sistema propio y local, esa transparencia es total”.
Asimismo, graficó la carga de trabajo de los tribunales explicando que en las Cortes de Apelaciones, “los recursos de protección subieron, en algunos casos, más de un 60%, y en la Corte Suprema gestionamos sobre 58.000 ingresos de recursos anuales. Esta avalancha es lo que hoy atacamos con IA. El desafío es pasar de la transcripción de audiencias -que fue el límite de proyectos previos como Justa IA- a la tramitación inteligente de escritos masivos”-
Al cierre de su exposición, el ministro Matus planteó que “este esfuerzo se alinea con la gobernanza que el Comité de Modernización de la Corte Suprema está diseñando. Automatizamos lo repetitivo para que el recurso humano más valioso -nuestros jueces y funcionarios- deje de ser un procesador de papel y vuelva a ser un agente de justicia”.
Y agregó que “miramos con interés las experiencias de Stanford y Estonia, pero lo hacemos desde nuestra propia identidad tecnológica. Como dijo la presidenta Chevesich: “La tecnología y la Oficina Judicial Virtual no son simples innovaciones técnicas: son instrumentos que permiten acercar la justicia a las personas y reducir barreras”.
Por su parte, la expositora María Claudia Solarte, explicó la forma en que Estonia se convirtió en el primer estado completamente digital del mundo y las ventajas que eso ha traido al sistema de justicia y a los ciudadanos. Pero advirtió que “antes decíamos ‘mucho con muy poquito´, ahora tenemos que frenar un poquito ese trabajo, sobre todo en el área de la justicia, que es un área donde si se aplica la inteligencia artificial, hay un alto riesgo de violaciones, por ejemplo al derecho, a los fundamentos de nuestros sistemas jurídicos que son humanistas esencialmente”.
En tanto Natalie Anne Knowlton expuso algunas de las aplicaciones que han desarrollado con IA en el centro de innovación donde trabaja en California, y que busca dar acceso a la justicia a personas que se enfrentan al sistema sin entender los procesos y sin asesoría legal, especialmente en el área de cobranza de deudas de rentas de viviendas.