Señor director:
El reciente informe del INE, que sitúa el desempleo en un 8,3% para el trimestre noviembre 2025–enero 2026, no debe leerse como un dato coyuntural, sino como una señal estructural preocupante. El hecho de que la fuerza de trabajo crezca por sobre la ocupación revela una economía incapaz de generar los puestos de trabajo que el país demanda, vinculándose directamente al debilitamiento de la inversión y la productividad estancada.
Desde lo jurídico, esta cifra interpela el mandato constitucional de asegurar la libertad de trabajo y su protección. No basta con garantizar el derecho en el papel; el Estado debe propiciar condiciones institucionales que permitan su ejercicio real. Hoy, gran parte de la expansión laboral se refugia en la informalidad, donde la normativa del Código del Trabajo y la seguridad social pierden eficacia, transformándose en una estructura formal que no alcanza a cubrir a una porción significativa del mercado.
El desempleo al alza es una advertencia: ningún sistema normativo laboral puede funcionar sin una base productiva sólida. El desafío no es solo reactivar la economía, sino rediseñar una estrategia que incentive la inversión, fortalezca a las Pymes y combata la informalidad con incentivos reales. El empleo es el motor de la movilidad social y su fragilidad actual tensiona la estabilidad de nuestro país.
Patricio Valdés Fuentealba
Director Carrera de Derecho
Universidad Autónoma de Chile
