Sr. Director,
Las palabras de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en su cuenta pública, no dejaron a nadie indiferente. “Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor”, dijo, en una frase breve, pero de enorme densidad institucional.
Ese gesto tiene un valor que trasciende la contingencia. En cualquier manual de gestión política se enseña que el primer paso para superar una crisis es reconocerla. Y la presidenta del máximo tribunal dio una verdadera clase de nobleza y gallardía al reconocer los problemas que han azotado al Poder Judicial en el último tiempo.
Pero la ministra Chevesich no se quedó sólo ahí. Además de identificar la crisis, en su discurso dio luces sobre la necesidad de fortalecer estándares, revisar procedimientos y robustecer los mecanismos de control. En otras palabras, no se quedó en la autocrítica simbólica, sino que propuso abiertamente un camino de salida.
Con todo, la tarea de revertir este cauce no recae exclusivamente en el Poder Judicial. Se requiere de un compromiso mancomunado, en el que participen también los otros poderes del Estado, e incluso la sociedad civil y la academia. Sólo así podremos avanzar hacia un mayor estándar ético en la administración de justicia.
Roberto Munita Morgan
Director de Administración Pública UNAB