Kelly instó a los militares a no cumplir órdenes ilegales en relación a los bombardeos sobre supuestas embarcaciones de narcotráfico
MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este lunes la retirada de la pensión de jubilación militar al senador demócrata Mark Kelly, quien instó a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, lo cual Hegseth considera un comportamiento "sedicioso".
"Ha calificado de ilegales operaciones militares legítimas y ha aconsejado a miembros de las Fuerzas Armadas que rechacen órdenes legítimas", ha afirmado Hegseth en un comunicado oficial que advierte de que se trata de "una conducta de naturaleza sediciosa" tipificada en los artículos 133 y 134 del Código Uniformado de Justicia Militar.
Hegseth ha subrayado que Kelly es un capitán retirado de la Armada, por lo que "sigue teniendo que rendir cuentas ante la justicia militar". Por ello, el Departamento de Defensa "ha iniciado el procedimiento para la reducción de su pensión de jubilación".
Kelly y otros cinco congresistas --Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan-- pidieron a los soldados estadounidenses "rechazar órdenes ilegales" en un vídeo. "Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco", dijeron.
Tras la publicación del vídeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó "traidores" y atribuyó un "comportamiento sedicioso punible con la muerte" a Kelly y a los demás congresistas que aparecen en la grabación.
Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.
Sus declaraciones se producen en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en las que han muerto hasta la fecha al menos 112 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, según el balance estadounidense, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales.