Revolution Wind, empresa conjunta al 50% entre Skyborn Renewables (Global Infrastructure Partners) y Orsted, ha presentado una demanda complementaria ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia impugnando la orden de suspensión del arrendamiento emitida el 22 de diciembre de 2025 por la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior de los Estados Unidos y solicitará medidas cautelares.
A finales del pasado mes de diciembre, el Gobierno de Donald Trump emitió una orden para detener de manera inmediata las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos ('offshore') por "riesgos para la seguridad nacional mediante la suspensión de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en el país, incluyendo Revolution Wind, de 704 megavatios (MW).
En un comunicado, la danesa Orsted afirma que, si bien Revolution Wind continúa trabajando de forma constructiva con la Administración y otras partes interesadas para lograr una resolución rápida y duradera de este asunto, considera que la orden de suspensión del arrendamiento "infringe la legislación aplicable" y advierte de que, al igual que con la orden de suspensión de obras de agosto de 2025, el proyecto se enfrenta a "un perjuicio considerable" si se mantiene la orden de suspensión del arrendamiento.
En este sentido, alega que, dado que Revolution Wind obtuvo todos los permisos federales y estatales necesarios en 2023, tras mantener consultas con el Departamento de Defensa de EEUU para abordar los posibles impactos en la seguridad nacional y las capacidades de defensa, "el litigio es un paso necesario para proteger los derechos del proyecto".
"Revolution Wind ha invertido y comprometido miles de millones de dólares basándose en un exhaustivo proceso de revisión y ha cumplido con las solicitudes del mismo", recuerda Orsted, subrayando que el proyecto se encuentra en etapas avanzadas de construcción y se espera que esté listo para suministrar energía a los hogares estadounidenses en 2026.
Asimismo, la compañía danesa ha indicado que "continúa evaluando todas las opciones" para resolver el caso de Sunrise Wind, otro proyecto, en este caso propiedad al 100% de Orsted, afectado por la decisión del Gobierno de EEUU.