El Gobierno del presidente peruano en funciones, José JerÃ, ha publicado un decreto que allana el camino para la privatización de la petrolera estatal Petroperú. El decreto de urgencia para la reorganización patrimonial de la empresa ha sido publicado dos horas antes del paso a 2026.
El Decreto de Urgencia Número 010-2025 permite la entrada de capital privado en bloques patrimoniales de la petrolera, incluidos activos estratégicos como la Nueva RefinerÃa de Talara.
El decreto encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso para incorperar a Petroperú al marco del Decreto Legislativo Número 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado.
Además, la norma deroga el artÃculo 1 de la Ley Número 28244, que excluÃa a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedÃan este tipo de procesos.
60 MILLONES PARA DESPIDOS
El decreto incluye 240 millones de soles (unos 60,8 millones de euros) para el despido de personal dentro de la reestructuración orgánica prevista para la petrolera.
Desde la coalición sindical de Petroperú han advertido ya de que este decreto de urgencia "descuartiza" a Petroperú. "Jerà prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanÃa energética del Perú", han reprochado.
"Petroperú no es una empresa quebrada. Es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias polÃticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La RefinerÃa de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el paÃs no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional", han señalado en un comunicado.
Sin embargo, desde el Gobierno destacan que pretenden "garantizar la seguridad energética del paÃs y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles", especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85 por ciento del mercado.
Jerà ejerce como presidente en funciones hasta julio de 2026, cuando está previsto que se celebre elecciones. A su vez, Jerà relevó a Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022 tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo, ahora en prisión y el último elegido en las urnas. Tanto Boluarte como Jerà están siendo investigados en varias causas judiciales.