El Gobierno exige mediante requerimiento formal a Madrid, Baleares y Aragón implantar el registro de objetores al aborto
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno ha realizado un "requerimiento formal" a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el registro de objetores, una "herramienta esencial" que garantiza los derechos de los profesionales sanitarios, a cuya implantación están obligadas todas las CCAA, ya que "no es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal".
De este modo, el Gobierno les da un mes para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Durante este tiempo, pueden justificar su situación, informar sobre trámites en curso o corregir el incumplimiento.
"Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", ha recordado García, quien ha advertido de que "saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia".
Y en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha rechazo crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023, le ha recomendado que "recoja cable" y "abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres".
Tal y como ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación de implementar el registro o se encuentra en la fase de trámite, salvo las comunidades de Madrid, Baleares y Aragón. "Son tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha sido explícita en su incumplimiento de la ley", ha señalado.
Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e INGESA (en lo correspondiente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) ya tiene el registro según lo acordado el 16 de diciembre de 2024 el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, de manera unánime.
Además, se ha identificado que tanto Andalucía como Asturias se encuentran en fase de tramitación, según la Dirección General de Ordenación Profesional que, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación.
Por tanto, la ministra ha mandado este martes sendas misivas al Consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, a la Consejera de Sanidad del Gobierno balear, Manuela García, y a la Consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima matute, con el requerimiento para que se proceda a la creación del registro o se dé respuesta en el próximo mes.