Representantes de médicos y juristas han participado en un encuentro sobre la objeción de conciencia médica en el que han planteado una conciliación entre el derecho al aborto y la negativa a practicarlos, en el marco de una polémica surgida al exigir el Ministerio de Sanidad la creación de un Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, y que la Comunidad de Madrid se haya negado.
"La objeción de conciencia debe tener unos límites claros: el orden público, ya que no puede oponerse a un derecho fundamental ni a un pilar esencial; y la sinceridad, pues el Estado no puede ponerse a evaluar la razonabilidad de la objeción de conciencia, pero sí debe velar por que esta se ejerza de manera honesta", ha declarado el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral.
Así se ha pronunciado durante una jornada organizada por la Fundación Tejerina, en colaboración con la Cátedra Extraordinaria de Patología Mamaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha afirmado que "ni el corazón ni la conciencia" están por encima de la ley, aunque ha reconocido que no se trata de una "ley contra conciencia", pues esta también forma parte del ordenamiento jurídico.
Tras ello, ha subrayado la importancia de la libertad de conciencia para no llegar a una "sociedad sin convicciones" y "sin espíritu crítico ante la ley", y ha considerado que mirar con "antipatía" la objeción de conciencia acaba generando individuos sin principios firmes.
"Conciencia tenemos todos, pero deben aplicarse los mismos criterios tanto para las objeciones de conciencia que nos parezcan razonables como para aquellas que no", ha agregado Del Moral.
Durante el evento también se ha pronunciado el doctor en Derecho y director de los Servicios Jurídicos de la Organización Médica Colegial, Ricardo de Lorenzo, quien también ha abogado por conciliar ambos derechos "fundamentales", sin que ninguno pueda "imponerse" sobre otro.
"Cuando un derecho se incorpora en una cartera de servicios y puede ser exigido o reclamado al personal sanitario, lo que corresponde al Estado es establecer los mecanismos necesarios para que no sea preciso renunciar ni restringir el derecho fundamental a la objeción de conciencia", ha explicado.
De Lorenzo también ha explicado que no se ha contado con los médicos para el desarrollo legislativo del derecho a la objeción de conciencia y que, a raíz de "diversos desencuentros y resoluciones que posteriormente han sido modificadas" ha generado una "clara inseguridad".
Es por ello por lo que el experto ha destacado la necesidad de una regulación clara que permita al médico "sentirse seguro" y que contemple el tiempo, el ámbito y el procedimiento, y que combine la libertad de conciencia del médico con la libertad del paciente.
Por su parte, el psiquiatra forense José Cabrera ha destacado que la objeción de conciencia es algo "íntimo", y que esta armonización no debe imponer una "moral única", sino ofrecer un espacio donde la autonomía del médico y la protección del paciente puedan coexistir de manera respetuosa y realista.
"Frente a la realidad del día a día, la decisión ante temas como el aborto o la eutanasia corresponde a cada profesional, pues cuando un caso llega a urgencias, el médico de guardia no vive una situación difusa: debe decidir de forma individual qué hacer frente a determinadas circunstancias", ha concluido.