La CGR auditó las acciones de CONAF, SAG, SERNAPESCA y el Servicio Nacional de Aduanas respecto de la normativa internacional para proteger la biodiversidad. Tras los hallazgos, se derivaron los antecedentes al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la implementación de la Ley N° 20.962, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en Chile.
Las auditorías, realizadas entre 2024 y 2025 por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la CGR, contemplaron la revisión respecto de las acciones efectuadas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), en su rol de autoridades administrativas; y al Servicio Nacional de Aduanas, como autoridad de observancia.
En esas fiscalizaciones se verificó el incumplimiento de la normativa internacional que busca proteger la biodiversidad, mediante el control del comercio internacional de especies amenazadas.
Entre las principales falencias detectadas, se observó que las autoridades administrativas han emitido permisos de exportación y certificados de reexportación de especies protegidas en los apéndices CITES, sin el pronunciamiento obligatorio de la autoridad científica, sin verificar la legalidad de la adquisición de los especímenes y sin contar con el dictamen de "no perjudicial", lo cual vulnera el texto de la convención.
Además, se identificaron graves problemas en la custodia de especímenes, partes o derivados incautados, ya que no se pudo acreditar el destino de ejemplares como cactáceas, pieles curtidas de serpiente, charangos de quirquincho, caimanes y otros animales disecados, muchos de los cuales debían estar almacenados en instalaciones oficiales.
Así, en el informe referido al SAG (IF N° 225/2025), por ejemplo, se cuestiona que el servicio no cuenta con un registro que integre todas las incautaciones realizadas por dicha institución y que dé cuenta de los requerimientos recibidos por parte de otras autoridades, ni tampoco su atención por parte del servicio y el lugar de custodia de los especímenes entregados. Por ejemplo, luego de incautar especies como monos capuchinos, monos ardilla, tortugas y cotorras argentinas, no consta la entrega de dichos ejemplares vivos a tenedores de fauna silvestre para su custodia o que se hayan adoptado los resguardos necesarios ni emitido los actos administrativos correspondientes.
Otra observación relevante fue dirigida al Servicio Nacional de Aduanas (IF N° 309/2025), pues dicho servicio no denunció al Ministerio Público la detección de especies o parte de especies tales como barbas de ballena, araucarias o dientes de chalote y que están listadas en los Apéndices CITES, archivando eso procesos, por considerar que la persona infractora habría actuado sin dolo, sin que dicha circunstancia se encuentre regulada en la normativa que rige la materia.
Asimismo, se detectó que las autoridades administrativas entregaron información incorrecta a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración de los informes anuales que deben ser remitidos a la Secretaría CITES. En algunos casos, no se informaron todos los permisos emitidos, se indicaron permisos no otorgados o se incluyeron permisos anulados por las mismas entidades.
En cuanto a SERNAPESCA (IF N° 449/2025), la CGR constató la entrega de caballitos de mar, almejas gigantes, corales, caracola de casco cornuda, entre otras-, a diversas instituciones, entre las cuales se encuentran municipalidades, escuelas, universidades y el Servicio Nacional de Aduanas, sin contar con autorización para ello.
Ante estas irregularidades, la Contraloría solicitó a los servicios involucrados iniciar procedimientos disciplinarios, remitió los antecedentes al Ministerio Público y solicitó adoptar medidas correctivas para mejorar la gestión, fiscalización y control de la materia.
Finalmente, se concluyó que, además, existen importantes brechas en la tramitación de permisos, custodia de especies, coordinación interinstitucional y cumplimiento de estándares internacionales, debilitando así los esfuerzos del Estado de Chile contra el tráfico de especies.
